En el derecho internacional, hay momentos en que las instituciones creadas para defender a la humanidad se convierten, paradójicamente, en cómplices pasivos del sufrimiento que juraron combatir. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, atraviesa ese instante vergonzoso, y el caso Venezuela es su rostro más elocuente, el espejo de su propia irrelevancia.
Hace una década comenzaron a documentarse las atrocidades cometidas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución política, reducción deliberada de la población a condiciones de hambre y miseria. Crímenes que, en su descripción conservadora, satisfacen ejemplos penales consagrados en el Estatuto de Roma. Y, sin embargo, permanece sumida en una lentitud displicente que, ya no puede calificarse de prudente, sino de negligencia institucional disfrazada de severidad jurídica.
Venezuela, objeto de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI desde 2009; abrió una investigación en 2021, la primera en América Latina en la historia de la Corte. Presentada como un hito, aplaudida y celebrada como el inicio del fin de la impunidad.
Años después, avanza con parsimonia que insulta la inteligencia jurídica y, sobre todo, el dolor de las víctimas. Se firmó un Memorándum de Entendimiento con el sospechoso de los crímenes investigados, delegando en Caracas la «complementariedad» de la investigación. Confió al lobo la custodia del gallinero, y llamó al acuerdo «cooperación».
Los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son devastadores. Prueban crímenes de lesa humanidad y actos inhumanos cometidos por fuerzas del Estado. No son alegaciones. Son hallazgos documentados por expertos de la comunidad internacional. ¿Qué hace la CPI? Esperar. Deliberar. Negociar.
El principio de complementariedad, columna vertebral del Estatuto de Roma, establece la intervención cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y enjuiciar los crímenes. Es un principio, diseñado para respetar la soberanía. Pero en manos autoritarias, se pervierte y convierte en mecanismo de evasión legal, que la dictadura activó con destreza, estableciendo comisiones, cacareando reformas y vanagloriándose de gestiones, pero sin independencia judicial ni condenas. Y, la Corte en lugar de atravesar el velo del simulacro, eligió la deferencia, que no es jurídicamente neutral sino políticamente conveniente. Invocarla para frenar la acción, no es aplicar el Estatuto de Roma, es burlarse de él.
Sin embargo, ignorar el contexto geopolítico, sería ingenuo. Venezuela no está aislada, pertenece a una red de alianzas que ejercen presión sobre las instituciones multilaterales. La CPI, financiada por los Estados parte y políticamente vulnerable a sus apremios, ha demostrado que su valentía tiene límites. Cuando el costo político de actuar es alto, encuentra razones jurídicas para la demora. Cuando no, se activa con relativa eficiencia. Esto no es derecho internacional. Es realpolitik vestida con toga.
En esta discusión con frecuencia desaparece del análisis, las víctimas. Para ellas, cada demora no es abstracción procesal, es impunidad, en el que sus verdugos reciben rituales de distinción indebidos. La justicia tardía no resarce, abandona. Los Derechos Humanos reconocen el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no son aspiraciones morales, son obligaciones jurídicas exigibles, y cuando dilata, defrauda y viola adeudos fundacionales.
La Sala de Cuestiones Preliminares tiene herramientas para exigir rendición de cuentas a la Fiscalía y reclamar que la investigación avance. Organizaciones de la sociedad civil venezolana han construido archivos de certeza, mereciendo el trato de aliadas, no de apéndices decorativos del proceso.
La Corte Penal Internacional debe recordar para qué fue creada. No para sobrevivir políticamente ni gestionar relaciones. Fue fundada para que los crímenes de la humanidad no queden impunes. Mandato que no admite dilaciones ni compromisos cómodos.
Hay una palabra que la diplomacia evita. Vergüenza. Los juristas prefieren déficits institucionales, desafíos de complementariedad, complejidades procesales. Pero hay momentos, que la precisión técnica se convierte en eufemismo, y el eufemismo en complicidad.
Lo que está ocurriendo es un bochorno para una institución que nació de la promesa de que nunca el poder quedaría impune ante el sufrimiento de inocentes. Una deshonra que los mártires venezolanos contemplan desde el exilio, cárceles y tumbas sin nombre.
El Estatuto de Roma es un documento maravilloso. La Corte Penal Internacional podría ser una institución extraordinaria. Pero la grandeza no se mide por la elegancia de sus fundamentos normativos, sino por el coraje con que los aplican.
En Venezuela, se tiene la oportunidad, obligación y deber de demostrar que el valor está. Cada día que pasa sin actuar es un día más que la historia la juzgará con la misma severidad con que ella debería juzgar a los criminales que protege con su inacción. Las excusas jurídicas han terminado. El tiempo de la justicia lleva demasiado esperando.
@ArmandoMartini