Las autoridades chavistas informaron este lunes que han comenzado los trabajos de remodelación en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas por ONG y opositores, para convertirla en un «centro social».
A través de un video publicado en Instagram, el despacho del propagandista Miguel Pérez Pirela anunció el comienzo de los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un «centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto».
En el video, Juan José Ramírez, quien ocupa la cartera de Obras Públicas en el Palacio de Miraflores, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales, después de que Delcy Rodríguez ordenara esa transformación.
«Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez», agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.
El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un «centro social y deportivo», en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, que fue aprobada el pasado jueves por el Palacio Federal Legislativo, controlado por el chavismo.
La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una «cámara de torturas» en la capital venezolana.
El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La sede ha sido señalada como un centro de «torturas» por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.
La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.
Con información de EFE