Un grupo de 35 ciudadanos (32 hombres y tres mujeres) detenidos en Colombia con fines de extradición hacia Venezuela pidió al Gobierno nacional frenar de inmediato esos trámites. La solicitud fue radicada el 23 de febrero de 2026 y está dirigida al presidente de la República, a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, bajo el nombre de “Víctimas del Falso Terrorismo”.
Por: El Tiempo
El documento, firmado por el abogado Kalev Giraldo Escobar, expone que los solicitantes enfrentan en Venezuela cargos por terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Según el texto, tras las elecciones de 2024 se reportaron detenciones masivas con imputaciones por terrorismo sin investigaciones individuales previas. También cita reportes de Naciones Unidas sobre la detención de más de 200 niños y adolescentes acusados de delitos graves bajo esas figuras penales.
En los antecedentes se menciona la aprobación de la llamada “Ley Simón Bolívar” a finales de 2024, que establece penas de hasta 30 años de prisión por apoyar sanciones internacionales. El comunicado señala además la existencia de tribunales con competencia exclusiva en terrorismo y recoge pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de misiones de la ONU sobre el uso de esos tipos penales frente a la disidencia.
La petición se sustenta en el principio de no devolución previsto en la Convención contra la Tortura. De acuerdo con el escrito, Colombia no puede entregar a una persona a un Estado donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad física corren peligro. El documento también alude a conceptos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los que se han expresado reservas frente a extradiciones hacia Venezuela por eventuales afectaciones a garantías procesales.
El grupo invoca igualmente el principio ‘aut dedere aut judicare’, que permite al Estado requerido optar por juzgar en su territorio cuando la extradición no proceda. En esa línea, propone que, de existir indicios de delito, los procesos se adelanten ante la justicia colombiana o mediante mecanismos internacionales.
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