A la profesora Nayda Álvarez, el gobierno de Donald Trump le dio un plazo de cinco días para decidir si permite que un muro fronterizo atraviese su jardín. Si ella no acepta, según lo que cuenta, le expropiarían su casa en la ribera del río Grande, en Texas.
Por Semana
El presidente republicano ofrecerá este martes en el Congreso su discurso sobre el Estado de la Unión, en un primer año de gobierno marcado por medidas antimigrantes que han generado conmoción a nivel nacional.
En Laredo, Texas, una ciudad donde sus más de 250.000 habitantes son en su mayoría hispanos, la comunidad creció a lo largo de la orilla del río Grande, frontera natural entre ambos países.
Casas, parques, senderos para trotar o andar en bicicleta, áreas para pesca y hasta un cementerio familiar se encuentran en la ribera.
En el mes de febrero, cerca de 60 propietarios recibieron una carta del gobierno federal indicando: “Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos”.
La casa del estadounidense Antonio Rosales Jr., de 75 años, está en esa zona. “Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles”, precisa.
El gobierno norteamericano planea construir un “muro inteligente” a lo largo de sus más de 3.000 km de frontera con México. Un tercio de esa extensión ya tenía muros antes del segundo mandato de Donald Trump.
El plan integra más muros físicos o, dependiendo del sector, barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección.
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