Un tribunal federal de Washington, DC, rechazó el martes una solicitud de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para bloquear temporalmente al IRS para que no comparta ciertos datos de los contribuyentes que podrían facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
Por AP
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de DC se negó a emitir una orden judicial preliminar para el grupo de derechos de los inmigrantes, Centro de Trabajadores Unidos, y otras organizaciones sin fines de lucro que están demandando al gobierno federal por el acuerdo de intercambio de datos firmado en abril pasado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El acuerdo permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos enviar los nombres y direcciones de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país al IRS para su verificación cruzada con los registros fiscales.
Al rechazar la solicitud de medida cautelar, el juez Harry T. Edwards escribió que es poco probable que los grupos sin fines de lucro «tengan éxito en los méritos de su reclamo», ya que la información que comparten las agencias no está cubierta por el estatuto de privacidad del IRS.
Un representante del Centro de Trabajadores Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La fiscal general Pam Bondi declaró en redes sociales que la decisión del tribunal fue una «victoria crucial» para la administración. «Deportar a los inmigrantes indocumentados aumenta la seguridad del pueblo estadounidense», escribió Bondi en su publicación.
La administración Trump ha argumentado que el acuerdo ayuda a llevar a cabo la agenda del presidente Donald Trump para asegurar las fronteras de Estados Unidos y es parte de su ofensiva migratoria más amplia a nivel nacional, que ha resultado en deportaciones y redadas en lugares de trabajo.
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