Especialistas en derecho y gobernanza propusieron una hoja de ruta para convertir la minería venezolana en un modelo económico transparente y sostenible, presentación que tuvo lugar en el foro organizado por la plataforma «Ideas para Venezuela», coordinada por el ingeniero Elías Matta, donde se debatió el futuro del sector y la necesidad de seguridad jurídica.
Las ponentes principales, la Abg. Martha Acosta (experta en Derecho Minero) y la Abg. Verónica Barboza (Magíster en Estrategia y Gobernanza de la Universidad George Washington), coincidieron en que el país padece una «anarquía regulatoria» que solo puede superarse con un nuevo marco jurídico orgánico que unifique las normas hoy dispersas.
Uno de los pilares centrales del foro fue la propuesta de la creación de la Agencia Nacional de Gestión y Administración Minera (Angam).
Este ente, concebido como un instituto autónomo, tendría la responsabilidad de: Gestionar y administrar los derechos mineros. Coordinar el Registro Público Minero y el Catastro Minero Nacional. Separar claramente las funciones de regulación (Agencia) y fiscalización (Ministerio), eliminando el conflicto de intereses y la discrecionalidad actual.
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«El modelo minero venezolano debe migrar de un enfoque contractual puntual a un modelo sistémico que involucra una transformación profunda de la política pública», afirmó Barboza, destacando la necesidad de estándares internacionales como ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y Unfc 2019.
Seguridad Jurídica y Competitividad Regional
La abogada Martha Acosta expuso los detalles de un proyecto de Ley de Minas Orgánica en el que ha trabajado desde 2019. Esta ley busca eliminar la distinción entre «minerales estratégicos» y otras categorías para ofrecer un trato uniforme y predecible.
Entre los incentivos para la inversión nacional e internacional, se propone: Títulos de 30 años, prorrogables hasta un total de 60 años. Establecimiento de un canon minero y regalías fijas, con posibilidad de convenios de estabilidad fiscal. Prioridad basada en capacidad técnica y financiera, limitando áreas para evitar la acumulación de derechos ociosos.
El foro abordó con urgencia la crisis ambiental. Las propuestas incluyen la obligatoriedad de planes de cierre progresivo de minas y fianzas ambientales para garantizar la recuperación de los ecosistemas. Asimismo, se plantea una vía de regularización para la minería artesanal y de pequeña escala, con límites territoriales (hasta 300 hectáreas) y supervisión técnica rigurosa.
En cuanto a la extracción ilícita, el proyecto contempla sanciones severas, inhabilitaciones y el decomiso de minerales para frenar la legitimación de capitales y la destrucción del territorio.
Para clausurar el evento, el ingeniero Elías Matta lamentó que la anarquía del modelo actual impida que la minería contribuya significativamente al Estado, señalando que hoy la mayoría de estos recursos se desvían por «caminos oscuros» sin generar beneficios para el pueblo venezolano.
Sin embargo, Matta destacó el enorme potencial de cambio: “Según estimaciones serias, si Venezuela transita hacia un modelo de explotación moderno, transparente y sustentable, este sector podría aportar al fisco entre 6.000 y 10.000 millones de dólares anuales”, afirmó el exdiputado, subrayando que esta riqueza debe ser el motor de una nueva institucionalidad minera que impulse el desarrollo del país.
NDP