Para los sectores ligados al transporte público en Venezuela las fechas del 27 F y del 28 F son de lúgubres recuerdos (El Caracazo del año 1989), donde se señala que el percutor del estallido (La chispa que incendió la pradera), fue el incremento de 0,25 Bs. (popularmente un mediecito en esa época), del combustible y que implicó que el “Gran Viraje” (2do gobierno de Carlos Andrés Pérez), novedosas políticas económicas que prometía cambiarían de manera definitiva en todos los aspectos al país, según sus proponentes, pero se iniciaría de la peor manera posible y se generarían a partir de este momento, un cúmulo de eventos negativos que llevarían al modelo de la democracia puntofijista (1958-1999, la IV República) a su infeliz término.
37 años después (1989-20269), la impronta negativa continuaría teniendo peso, “No puede haber ajuste de Tarifas del Transporte Público, sin una adecuada, justa mejora de los ingresos de los usuarios”. Es importante destacar que a partir del (15 de marzo 2022), según el decreto N° 4653 el cual fijó el salario mínimo en US$ 30 dólares, a la sazón por el tipo de cambio existente, equivalente a 130 Bolívares y que ha permanecido congelado, estático, inamovible 1.442 días según las cuentas que la FAPUCV, (federación de profesores de la UCV), llevan.
Los únicos que han logrado algunas mejoras, elevación de las tarifas es el gremio del transporte público. Mientras que otros gremios que agrupan al Personal docente, de la salud, empleados públicos, pensionados, jubilados, entre muchos otros no han logrado ni la más leve modificación de la política oficial de sueldos y salarios, sustituyendo los contratos colectivos por el mecanismo de la “Bonificación”. Introduciendo el calificativo de “Salario Integral”. Bono de guerra económica (120 dólares), más bono de alimentación (40 dólares), como el máximo logro del movimiento bolivarianos sindical de los trabajadores oficialistas y de 45 dólares para los pensionados.
José Luis Trocel, vocero del Comando intergremial del transporte público, de la federación nacional del transporte y el frente de transportistas del estado Aragua ha sostenido la necesidad de aplicar correctivos inteligentes, coherentes a la política constante de las autoridades del transporte en Venezuela, los cuales apoyados sistemáticamente por la dirigencia sindical oficial del transporte público, se limitan a ajustes “Chucutos”, siempre insuficientes y que incluso al momento de generar el exhorto nacional, ya perdieron vigencia.
Trocel. Ha venido proponiendo la necesidad de aplicar políticas integrales en el área del Transporte Público, acciones consensuadas que impliquen 1) Anclar la tarifa al dólar en un monto que permita la sustentabilidad real del servicio que, se acople con la evolución de la inflación y la devaluación (indexación), cómo medida sustitutiva, porque lo correcto, inteligente es que se diseñen políticas eficientes que impliquen la corrección real de estos problemas.
2) la implementación provisional de un bono de transporte (30 dólares), que sea asignado de manera directa a aquellos sectores sociales con niveles de ingresos tales que nos les permiten en la actualidad costear el valor real de la tarifa del servicio que requieren.
3) Desarrollar planes, políticas que permitan en el mediano plazo sustituir, modernizar el parque automotor venezolano, el cual en el 90% de los casos ya perdió su vida útil, igualmente los operadores privados del transporte entienden que deben producirse en paralelo, simultáneamente ajustes legislativos y políticas que incrementen la productividad económica del país, controle la inflación los cual permitirían mejorar progresivamente los ingresos de los venezolanos y recuperar los sectores productivos, a la actual alicaída industria automotriz nacional, recuperar la vialidad y la industria de la construcción nacional.
Sostiene Yelmira Jiménez, vocera del sector transporte en Caracas (Parroquia Caricuao) que es importante igualmente garantizar los derechos de propiedad, al trabajo, garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en Venezuela y cumplir con el ordenamiento legal vigente, por lo cual solicitan la devolución de las unidades confiscadas durante el desarrollo de la campaña electoral presidencial del año 2024.
Entienden los voceros del sector transporte que a partir de los hechos acaecidos el tres de enero de este año (2026) que, las autoridades regentes en el país, supervisadas por la administración norteamericana impulsarán la corrección de todas las acciones y políticas erradas aplicadas antes de esa fecha y que están previstas en el plan de Normalización, Recuperación, Transparencia y reinstitucionalización del país.
Asumen que luego de aprobación unánime de la nueva legislación petrolera, progresivamente se ajustaran los costos nacionales de los combustibles, se eliminará la política de subsidios regresivos a los combustibles, se combatirá eficientemente las mafias de los combustibles que tanto daño le han ocasionado al sector del transporte público de pasajeros y que han posibilitado el control político, limitando la capacidad propositiva a la mayoría de las estructuras gremiales relacionadas con el sector transporte.
Han pasado 56 días de los eventos que cambiaron sustancialmente la realidad política de Venezuela, esperan que en el corto y mediano plazo se impulsarán acciones que permitirán la resolución inteligente, democrática, transparente, institucional de los numerosos problemas que han afectado al sector transporte público en los últimos 27 años (1999.2026), entienden que muchos sectores del país, ligados a las actuales autoridades regentes, les cuesta mucho cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancia que vive el país, pero están convencidos que la situación es irreversible que, los cambios son inevitables y que corresponde trabajar duro, unidos para poder superar los obstáculos y resolver asertivamente las dificultades que aquejan el sector transporte en Venezuela.
Angel Cacique. [email protected]. 0424-168.53.07