En Venezuela existe hoy una tragedia silenciosa que se desarrolla tras los muros de cuarteles, cárceles militares y tribunales especiales. No es una tragedia aislada ni producto de excesos individuales. Es una política sistemática de persecución contra quienes, vistiendo uniforme, decidieron no someter su conciencia al poder.
La periodista de investigación Sebastiana Barráez, con años dedicada a la fuente militar, ha documentado con rigor cómo el régimen ha fabricado expedientes, montado operaciones ficticias y construido narrativas de “golpes” inexistentes para neutralizar a oficiales que no acompañan el proyecto autoritario.
Uno de los casos más estremecedores fue el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido bajo una trama vinculada a la llamada “Operación Armagedón”. Fue torturado de tal manera que murió prácticamente frente al juez del tribunal militar. Su asesinato no fue un error: fue un mensaje. Un mensaje dirigido a todos los oficiales que aún creen en la Constitución y no en la obediencia ciega.
Lo mismo ocurrió con la llamada “Operación Brazalete Blanco”: no demostraron nada, porque no había nada. No existía coordinación, ni plan, ni conspiración real. Existía, sí, la necesidad política de sembrar terror interno, de justificar detenciones y destruir reputaciones.
En ese contexto también se inscribe la persecución contra la abogada Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, y el silenciamiento forzado de periodistas que investigan el mundo castrense. El mensaje es claro: quien estudie, denuncie o cuestione la estructura militar bajo control político será neutralizado.
Una purga institucional
Hoy hay más de 200 militares presos por razones políticas. Más de 1.000 enfrentan procesos abiertos, medidas cautelares, restricciones de movilidad, prohibición de declarar, limitaciones laborales. Están libres en apariencia, pero bajo custodia del miedo.
Desde la Asamblea Nacional ilegítima se habla de amnistía. El propio Jorge Arreaza ha reconocido que el régimen no libera a los militares presos porque “ellos tienen sus códigos y juramento”. Es decir, el problema no es jurídico, es político: temen que, una vez libres, pidan reincorporarse y se conviertan en referencia moral dentro de la institución.
La perversidad es evidente: anuncian posibles medidas mientras sacrifican a cientos de oficiales que no han cometido delito alguno. Muchos ni siquiera están siendo procesados por su juez natural. Ante la resistencia de jueces y fiscales militares a seguir con montajes insostenibles, trasladaron causas a tribunales de terrorismo. Se criminalizó la conciencia.
En las sesiones de la Comisión Permanente de Política Interior de la legítima Asamblea Nacional 2015, hemos escuchado a familiares de presos políticos militares. Lo que narran es dantesco: torturas entre compañeros de armas, incomunicación prolongada, fabricación de pruebas, aislamiento psicológico. Se ha instrumentalizado la jurisdicción militar como mecanismo de escarmiento.
El temor del poder: la reserva moral uniformada
El régimen teme a los militares que no acompañan al llamado “Cartel de los Soles”. No por su capacidad de fuego, sino por su autoridad moral. Porque representan una alternativa interna de liderazgo. Porque encarnan la posibilidad de unas Fuerzas Armadas subordinadas a la Constitución y no a un proyecto criminal.
La información que circula en pasillos militares y policiales habla de descontento creciente. El liderazgo de Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello está visiblemente erosionado. Se comenta incluso la intención de relevo en fechas de ascensos militares. La estabilidad que exhibe el régimen es más frágil de lo que aparenta.
Durante años, incluso asesores cubanos participaron activamente en la estructura de inteligencia y represión. Hoy esa presencia ya no existe. El escenario ha cambiado. En los centros de votación militar, el 28 de julio de 2024, el respaldo al candidato democrático fue evidente. Esa es una señal inequívoca: existe una reserva moral dentro de la Fuerza Armada.
Esa reserva hoy está presa o amenazada.
Presión internacional: condición indispensable
El mundo no puede seguir viendo el caso venezolano solo como un conflicto político. Es también un caso de captura criminal de la institución armada. Estados Unidos ha utilizado como argumento central, en sus acciones y sanciones, el señalamiento del control de las Fuerzas Armadas por redes vinculadas al narcotráfico.
La comunidad internacional debe reforzar la presión específica para:
*Liberación inmediata e incondicional de los militares presos políticos.
*Libertad plena para quienes enfrentan procesos abiertos sin debido proceso.
*Restablecimiento de la competencia natural de la jurisdicción militar conforme a estándares constitucionales e internacionales.
*Supervisión internacional sobre condiciones de reclusión y garantías judiciales.
*No se trata de desmantelar la institución armada. Se trata de rescatarla.
La transición pasa por los cuarteles
La estabilidad real de Venezuela dependerá de unas Fuerzas Armadas institucionales, profesionales y constitucionales. Son las únicas con presencia territorial completa: fronteras, zonas mineras, costas, espacios urbanos y rurales. Son esenciales para combatir estructuras criminales como el Tren de Aragua y otros grupos irregulares.
Pero esa tarea no puede realizarla una institución sometida al miedo y la purga interna.
Los militares presos y perseguidos no son una amenaza para la democracia futura. Son parte de su garantía. En ellos se encuentra una porción significativa de la reserva moral necesaria para sustituir el liderazgo actual y reconstruir la confianza institucional.
Una causa nacional
La lucha por la libertad de los militares presos no es corporativa. Es nacional. Así como hemos acompañado al Comité por la Libertad de los Presos Políticos en la defensa de civiles injustamente encarcelados, seguimos asumiendo con igual firmeza la defensa de quienes, vistiendo uniforme, decidieron no traicionar su juramento constitucional.
Liberarlos es un acto de justicia.
Liberarlos es un paso hacia la limpieza interna de los cuarteles.
Liberarlos es preparar el terreno para una transición pacífica y ordenada.
La nueva Venezuela no se construirá sobre el miedo, sino sobre la dignidad. Y en muchos calabozos militares hoy hay hombres que, pese a la tortura y la prisión, siguen sosteniendo esa dignidad.
El país y el mundo deben actuar. Porque allí, tras esos muros, late parte del futuro democrático de Venezuela.
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Rafael Veloz García. Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); abogado constitucionalista; diputado de la Asamblea Nacional 2015.