La semana pasada, concretamente el 26 de febrero, se cumplieron 40 años de una protesta pacífica convocada por la dirección nacional de la Juventud Copeyana, que tuve la honra de conducir entre 1984 y 1989.
En efecto, el 26 de febrero de 1986, en el marco de las celebraciones del Día de la Juventud, acordamos convocar una protesta de los jóvenes de la democracia cristiana para rechazar el contenido de la refinanciación de la deuda externa acordada por el gobierno del presidente Jaime Lusinchi. Considerábamos entonces que dicho proceso se había adelantado en perjuicio de los intereses económicos de la República y que los costos de aquella operación afectarían las finanzas públicas y, en consecuencia, impactarían de manera directa la economía nacional, especialmente en lo relativo al déficit fiscal y su incidencia sobre la inflación.
Nuestra convocatoria se fijó para esa fecha en la Plaza Caracas, justo en el centro de las icónicas Torres del Silencio. Asignamos a cada una de las estructuras estudiantiles existentes en las universidades del área metropolitana, así como a los directorios juveniles de las parroquias caraqueñas, una cuota de jóvenes para estar presentes a las nueve de la mañana de aquel día.
A las diez de la mañana ya estaban distribuidos, en los cuatro puntos cardinales de la plaza y en su centro, alrededor de quinientos integrantes de la Democracia Cristiana Universitaria y de las representaciones estudiantiles de liceos y colegios. Cada equipo contaba con su megáfono para difundir consignas y distribuir volantes, así como el comunicado que explicaba el sentido de la jornada de protesta.
Cuando estábamos a punto de retirarnos de la plaza, pues ya eran las doce del mediodía, arribó a las distintas entradas un contingente superior de funcionarios de la Policía Metropolitana, que lanzó un feroz ataque contra quienes ejercíamos pacíficamente el derecho a la protesta. Cinco compañeros fueron heridos con perdigones, veintitrés de nuestros compañeros fueron detenidos y trasladados a la comandancia de ese cuerpo en Cotiza; el resto logró escapar de las inmediaciones en medio de perdigones, gases lacrimógenos y el uso indiscriminado de la peinilla blandiéndose contra nuestras humanidades. . La llamada luego batalla de la Plaza Caracas culminó con el aterrizaje, en el centro mismo de la plaza, de un helicóptero del cuerpo policial, del cual descendió triunfalmente el comandante de la institución para ese momento.
Aquella protesta, que habría pasado a la historia como una más de las tantas que se producen en una sociedad libre, se convirtió en un hecho noticioso de especial trascendencia nacional debido a la desproporción de la fuerza aplicada, al elevado contingente policial desplegado y a la centralidad simbólica de la plaza, un espacio emblemático y neurálgico de la ciudad capital.
La existencia en sus inmediaciones de instituciones fundamentales del país —como el Congreso de la República, varios ministerios y el Consejo Nacional Electoral— hizo que la represión aplicada a la marcha se convirtiera en la noticia de mayor difusión y cobertura por parte de todos los medios de comunicación social, especialmente a través de las transmisiones en vivo de radio y televisión.
Los directivos nacionales de la juventud que logramos escapar del cerco policial nos refugiamos en el edificio José María Vargas, en la esquina de Pajaritos, sede administrativa del Congreso de la República. Allí fuimos recibidos de inmediato por ese gran líder y extraordinario ser humano que es el doctor Abdón Vivas Terán, entonces jefe de la fracción parlamentaria del partido. A él le informamos de lo ocurrido. En la sede también se encontraba el senador Hilarión Cardozo.
De inmediato procedimos a organizar una comisión, junto a los integrantes de la dirección nacional juvenil allí presentes, para acudir a la sede de la Policía Metropolitana y exigir la liberación inmediata de todos los compañeros detenidos. Dicha comisión fue encabezada por ambos parlamentarios, especialmente solidarios con el movimiento juvenil, pues ambos habían sido, en su momento, secretarios nacionales juveniles del partido.
Al llegar a la sede policial apareció el comandante del cuerpo para atender al senador Cardozo y al diputado Vivas Terán. Alegó que habíamos realizado la protesta sin permiso y que existía el peligro de generar una situación de violencia. Tras rechazar tales acusaciones y expresar nuestro desacuerdo con la disolución violenta de la manifestación, el comandante policial, por instrucciones del entonces ministro del Interior, ordenó la liberación total de los jóvenes detenidos.
La fracción parlamentaria del partido, a través de su vocero Abdón Vivas Terán, presentó formal denuncia por el abuso cometido y solicitó la apertura de una investigación parlamentaria, con la comparecencia ante la Comisión de Política Interior del ministro del Interior y del jefe de la Policía Metropolitana de Caracas. La audiencia se celebró con nuestra presencia en el público, dejándose constancia del reproche que generó aquella actuación.
Aquella protesta marcó a nuestra generación. Nos habíamos incorporado a la lucha política —una parte de esos cuadros juveniles— durante la campaña presidencial de Luis Herrera Campins. Durante cinco años fuimos la juventud del partido de gobierno. Otros estudiantes participaban por primera vez en un evento público. Para muchos fue la primera ocasión en que se enfrentaron a un ataque policial por ejercer el derecho a la protesta; otros conocieron por primera vez una detención por la misma razón.
Entendimos entonces los riesgos de la lucha política cuando la intolerancia se instala en los escenarios del poder y se arremete contra una protesta pacífica. Ese 26 de febrero nuestra generación fue bautizada y marcada para enfrentar la lucha política en condiciones de hostigamiento desde el poder.
Hoy, cuando han transcurrido 40 años y recordamos aquella jornada, podemos apreciar con nitidez la diferencia entre un exceso policial ocurrido en el marco de una democracia imperfecta y lo que ha sucedido en estos años de la dictadura chavomadurista. En aquella época, una detención de esa naturaleza era meramente administrativa y jamás se judicializo la protesta. Los parlamentarios de oposición podían ver y conversar con los detenidos, y el alto gobierno corregía el entuerto ordenando su liberación pocas horas después.
Pero lo más significativo es que, ante la denuncia de los partidos de oposición, incluso la bancada parlamentaria del gobierno aprobó la interpelación del jefe policial en el Congreso. Allí se acordó rechazar el exceso cometido y llamar formalmente la atención a su comandante.
Hoy, en cambio, los jefes policiales ejecutan operaciones violatorias de derechos humanos, cometen delitos de lesa humanidad y son protegidos por la cúpula del poder. No existe investigación parlamentaria alguna que los sancione; por el contrario, se premia la arbitrariedad y el hostigamiento sistemático contra la ciudadanía.
Aquella jornada bautizó a una generación de hombres y mujeres. Algunos nos dedicamos con fe y perseverancia al oficio de la política; la mayoría siguió caminos académicos, profesionales y laborales. Todos asumimos la militancia política como un ejercicio de ciudadanía responsable, una marca indeleble que nos ha acompañado a lo largo de la vida. Hoy recordamos aquella jornada para ejemplificar las diferencias de actuación entre la democracia y la dictadura.
Lunes 2 de marzo del 2026