Desde hace mucho tiempo hemos padecido en Venezuela, y por lo que podemos notar también en el resto del mundo, cierta desafección por la democracia. Vale decir que a ello ha contribuido, a mí juicio, el desconocimiento, la frivolidad y el conformismo de los ciudadanos pero también hay una cuota de responsabilidad por parte de los dirigentes políticos que suelen hablar de la democracia en tono de principios y valores antes que señalar que ese modelo político tiene un impacto positivo e insustituible en la gestión de la vida cotidiana. La ciudad, por ejemplo, tiene que ser gestionada, hay que tomar decisiones constantemente sobre recursos, inversión, impacto y resultados, la democracia supone tomar esas decisiones con transparencia, contraloría social y rendición de cuentas para que la ciudadanía y sus representantes sean partícipes de esas decisiones. Eso no solo es moralmente correcto, es que también es efectivo y bueno para todos.
Pude conocer la experiencia contraria, en mi propio municipio, en Libertador del Estado Carabobo, durante la gestión de Juan Perozo. En aquellos años había un número significativo de comerciantes informales en el casco de Tocuyito y las consecuencias de eso eran notorias. Al iniciar la gestión de ese alcalde, se decretó la expulsión de todos los comerciantes informales, de un día para otro, policía mediante, se desalojó de las calles todos los tarantines y mercancías.
Algunos aplaudieron la medida y, otros, la mayoría, sabíamos que solo era un intento por ocultar, más no solucionar, las consecuencias del desempleo y la pobreza, en efecto, unos meses después los comerciantes informales regresaron a las calles. Todo en esa decisión fue antidemocrático, todo se decidió sin consulta, sin debate, sólo con una redada policial y con una fé, digna de mejor causa, en que si se tapa la pobreza terminará por desaparecer.
La democracia, en lo cotidiano, no solo en los discursos sino en los procedimientos, recomendaría que aquel alcalde hubiera primero sometido a discusión la situación en el Concejo Municipal y con los distintos actores (comerciantes formales e informales, vecinos, representantes gremiales, expertos urbanistas) para comprender todas las aristas del problema. De haberlo hecho, pudo haber interpretado que la presencia del comercio informal en las calles es la consecuencia directa del desempleo, la pobreza, la precariedad laboral y la extenuante burocracia que impide la formalización rápida de emprendimientos. Sin embargo, se dejó llevar por sus presunciones y sesgos, tomó una decisión inconsulta que a la postre, además de incorrecta, fue inefectiva. Es que, en definitiva, el autoritarismo causa desastres a todo nivel.
Hoy en día Tocuyito sigue teniendo un número importante de comerciantes informales y la solución a los inconvenientes que esto puede generar no es expulsarlos ni con la policía, ni con la seguridad privada de las dos o tres empresas grandes que se instalan en el casco de la ciudad (otro intento de maquillaje). El tema de fondo es que esas personas, esos comerciantes informales, no encuentran un trabajo satisfactoriamente remunerado, formal, compatible con la vida y libre de explotación, que permita alimentar a sus familias, educarlas, proveerles salud y cuidados. Que no encuentran la vía para formalizar emprendimientos sin que sean atormentados con obligaciones tributarias incumplibles y, además, con una ciudad sin un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que permita, a largo plazo, una ciudad mejor distribuida en términos de bienes, servicios y equipamiento en todos lados y no solo en el casco de la ciudad. Para gestionar ese fondo y no solo la forma o la apariencia, hace falta un gobierno municipal que entienda el valor de la democracia en la cotidianidad, en el día a día de la gente.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica