Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y acusada en Estados Unidos, presentó una moción ante una corte federal solicitando que se desestimen los cargos en su contra, argumentando que el gobierno de Trump ha interferido con su derecho a una defensa legal al bloquear los fondos que pagarían a sus abogados.
Por Telemundo 51
Según documentos judiciales presentados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Flores solicitó formalmente unirse a la moción presentada previamente por su esposo para que se desestime la acusación, alegando que acciones del gobierno de Estados Unidos han impedido que el gobierno de Venezuela cubra los honorarios de su defensa legal.
El documento explica que el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), había autorizado inicialmente a un bufete de abogados en Estados Unidos a recibir pagos del gobierno venezolano para cubrir los gastos legales de Flores. Sin embargo, esa autorización fue modificada abruptamente días después, eliminando la posibilidad de que el gobierno venezolano financie su defensa.
Los abogados de Flores sostienen que esa decisión constituye una interferencia directa con sus derechos constitucionales, incluyendo su derecho a contar con el abogado de su elección y a preparar adecuadamente su defensa.
De acuerdo con el documento presentado ante la corte, Flores afirma que no posee recursos financieros personales suficientes para pagar su defensa legal y que el gobierno de Venezuela había estado cubriendo esos costos bajo la licencia previamente otorgada por OFAC. Los abogados también argumentan que el bufete ya había realizado compromisos financieros basados en esa autorización inicial.
La defensa sostiene que impedir que Venezuela pague los honorarios legales podría obligar a que los contribuyentes estadounidenses financien su representación si el tribunal termina asignándole un abogado público.
Los abogados señalaron que, si el tribunal decide rechazar la solicitud de desestimar el caso, solicitarán autorización para retirarse como representantes legales debido a la imposibilidad de continuar el caso sin financiamiento para la defensa.
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