La crisis sociolaboral en la planta de gas comunal ubicada en Chirica, San Félix y las plantas móviles del estado Bolívar ha llegado a un punto de quiebre. Este miércoles 4 de marzo, voceros de los trabajadores denunciaron un patrón de humillaciones, falta de dotación básica y presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la empresa, señalando directamente a la directiva actual.
Por lapatilla.com
Los trabajadores Jorge Luis Rojas Bracho, Winder Fajardo y César Aguilera, actuando como portavoces del personal, exigen que la gobernadora Yulibeth García se apersone en las instalaciones, rechazando cualquier diálogo con la actual gerencia por considerarla «incapaz de dar respuestas».
Aguilera denunció que la gestión de Katherine Accobe y Saudí Rodríguez ha impuesto un régimen de amenazas basado en exigencias imposibles de cumplir.
Aseguran que Gas Comunal adeuda más de 14 dotaciones. Actualmente, solo han entregado dos camisas, pero exigen su uso diario bajo amenaza de prohibir la entrada a la planta o retirar los vehículos particulares de los trabajadores del estacionamiento interno, mientras los gerentes sí mantienen sus puestos resguardados.
Denunciaron que la gerencia utiliza su posición para victimizarse ante cualquier reclamo, alegando «falta de respeto» cuando el trabajador intenta defender sus derechos básicos.
Irregularidades con beneficios
La situación de las plantas móviles (ubicadas en El Callao y el Km 88) es calificada como crítica. Los trabajadores son obligados a viajar por periodos de hasta una semana sin recursos para alimentación o mantenimiento personal.
Se confirmó que los empleados perciben apenas 120 bolívares una quincena y 90 bolívares la siguiente, mientras se les han eliminado beneficios previos como la bolsa de comida y el kit de higiene.
También denunciaron que la flota de gandolas y unidades de transporte está en condiciones deplorables, poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.
¿Dónde está el dinero del gas?
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la contradicción entre los altos ingresos de la empresa y la precariedad de los trabajadores.
«El gas ha subido constantemente, anclado al dólar. Una bombona pequeña en las plantas móviles puede costar hasta 8 dólares. Si el ingreso es constante, ¿por qué no hay dinero para reparar un camión, comprar una camisa o pagar viáticos? Queremos saber en qué se invierte ese dinero», cuestionó Aguilera.
Los trabajadores fueron enfáticos: no aceptarán más intermediarios. Solicitan que la gobernadora Yulibeth García escuche directamente a la base trabajadora, tal como lo hacía la gestión anterior.
Advierten que el descontento es generalizado y que la operatividad de la planta Chirica depende de la dignidad de quienes allí laboran.