El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado que funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y efectivos de la Guardia Nacional se presentaron en la sede de la radio Urbana 94.3 FM, ubicada en Guatire —una ciudad dormitorio cercana a Caracas—, la clausuraron y confiscaron todos sus equipos. La estación tenía 16 años al aire.
Por Alonso Moleiro / elpais.com
Conatel también ha cerrado las emisoras Unika 92.1, en Caracas; Impacto 105.3 FM, en La Fría —un pueblo fronterizo con Colombia—; y Rítmica 104.1, en Puerto Cabello, en el centro costero del país. En cada una de ellas, un promedio de 25 personas se ha quedado sin trabajo. También a estas estaciones les han sido confiscados todos sus equipos de difusión.
Estas decisiones se toman mientras Venezuela transita un aparente marco de apertura política en materia de libertades públicas, y el Gobierno de Delcy Rodríguez, presionado por Washington, se aviene a redefinir la relación del Estado con los actores sociales que ejercen su derecho constitucional a la crítica y a la oposición civil.
Los propios miembros del SNTP anunciaron hace poco una reunión de trabajo con la comisión legislativa encargada del seguimiento de la Ley de Amnistía, para solicitar la revisión de los casos de 40 periodistas o trabajadores de la prensa que siguen judicializados, con medidas sustitutivas, o han sido objeto de otras sanciones, como la anulación de su pasaporte.
En Venezuela llegaron a existir, hasta hace pocas semanas, hasta 24 periodistas presos, la cifra más alta de América Latina en su momento. Todos han sido excarcelados en los últimos días, de acuerdo con datos del SNTP.
Las medidas tomadas por Conatel contra estas emisoras radiales no han sido justificadas o razonadas públicamente —como sí ocurrió otras veces en el pasado— y responden al objetivo de cambiar la estructura de la propiedad de los medios de difusión en Venezuela, en especial de la radio. “Sobre todo antes de las elecciones presidenciales de 2024, el Gobierno hizo un esfuerzo grande para tener el control de la opinión pública antes de la consulta. Muchas emisoras fueron estatizadas o cambiaron de manos a amigos del Gobierno”, afirma un vocero de la ONG Espacio Público, que ha preferido mantener su nombre en reserva.
Espacio Público registró 16 emisoras radiales cerradas en Venezuela en 2023. Un año más tarde fueron 21. Tal y como afirman los promotores de estos estudios, en algunos casos ha sido por motivos políticos, pero en otros no se esgrimen razones formales; sencillamente se ejecuta. En 2025 fueron siete las emisoras clausuradas.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) calcula que en un año como 2022, por ejemplo, hasta 95 emisoras regionales fueron cerradas sin que la circunstancia haya producido mayor asombro o impacto público. La incautación de equipos ha sido una práctica muy común cuando las emisoras pierden la licencia. Las autoridades, advierten los expertos, están a la espera de cuál emisora regional tiene la concesión por caducar para no renovarla y hacer efectivo el cambio de propiedad.
Espacio Público tiene contabilizados, además, 62 portales informativos en todo el país, algunos de ellos internacionales, que han sido bloqueados. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha hecho denuncias similares durante estos años: emisoras regionales o con espectro municipal que han sido cerradas por ventilar denuncias comunitarias, hablar de corrupción o permitir el flujo de contenidos críticos al Gobierno de Nicolás Maduro.
Las señales que emana el Ejecutivo chavista en medio de este contexto aperturista y de amnistía que está en desarrollo en el país, son contradictorias. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció hace poco una comentada entrevista al conocido periodista independiente Luis Olavarrieta, en la que asume nuevos compromisos con la libertad de prensa y la reconciliación nacional como principio. “Creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del independiente fundamentalmente”, afirmó, reconociendo los excesos del régimen en este tiempo. “Es necesario permitir que la labor informativa fluya sin temores a represalias”, aseguró.
Mientras esto sucede en el panorama de la radiodifusión regional en Venezuela, los grandes medios masivos de información aguardan con alguna impaciencia el fin de determinados vetos que colocaron sobre ellos las autoridades. Algunos periodistas radiales reconocidos a nivel nacional, como Shirley Varnagy, han retomado su puesto en el horario de la mañana en el circuito Unión Radio —uno de los más oídos del país— luego de haber sido sacada tres meses del aire por comentar el premio Nobel de la Paz que fue concedido a María Corina Machado. En medio de un marco de censura que todavía es muy restrictivo, tanto ella como el resto de los locutores radiales del país comienzan a ejercer de nuevo la crítica y a evaluar la realidad con mayor transparencia.
El giro más sorprendente ha sido el de Venevisión, propiedad de Gustavo Cisneros, una de las corporaciones de la era de oro de la televisión venezolana y uno de los canales más importantes de Latinoamérica hasta finales del siglo XX. Luego de 20 años desarrollando una línea informativa neutra, inhibida, en la cual escaseaba la crítica y abundaba la voz del chavismo, su presidente, Andrés Badra, empleó un lenguaje particularmente reivindicativo y categórico frente a su audiencia y frente a las autoridades chavistas, en ocasión del 65 aniversario de la planta.
Las palabras de Badra eran inconcebibles en la boca de un ejecutivo de Venevisión desde hace mucho tiempo. “Hemos tenido grandes alegrías, momentos para celebrar, pero al mismo tiempo hemos pasado tiempos muy oscuros, difíciles estos años. Vimos pasar a la cuarta república [los años de la democracia]; la quinta [el tiempo del chavismo] y ahora vamos para la ‘sexta república’ en esta transición. En un momento como este, es necesario tener el coraje para alzar la voz por la democracia y la reinstitucionalización del país cuando así corresponda”.
Venevisión, que ha comenzado a colocar contenidos abiertamente críticos en su programación, ya ha recibido varios llamados de atención de las autoridades por sus nuevas posiciones, pero ahora el canal no atiende los reclamos. Adriana Cisneros, la hija de Gustavo, ahora al frente de las empresas de la Organización Cisneros, que tiene vínculos con Washington, anunció hace poco la creación de un fondo de capital privado de mil millones de dólares para apoyar la reconstrucción de Venezuela en el contexto que promueven Donald Trump y Marco Rubio.