Apenas tres días después de que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, dijera, desde Caracas, que el Gobierno de Delcy Rodríguez aseguró garantizar la seguridad de las empresas mineras interesadas en invertir o regresar a Venezuela, la Asamblea Nacional anunció este lunes la primera discusión de la ley orgánica de minería.
Burgum viajó al país sudamericano para buscar puntualmente cooperación en el sector minero, luego de que la apertura en la industria petrolera comenzara con una ley de hidrocarburos aprobada tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero.
El funcionario de la administración de Donald Trump aseguró en esa visita que las compañías estadounidenses podrían evaluar reabrir proyectos mineros, esto atado a que avancen los cambios regulatorios en el país. Ese proceso parece iniciar hoy, con la discusión de la ley en la Asamblea Nacional.
“En las reuniones escuchamos garantías de que, si las empresas querían acceder a estas zonas, realizar la debida diligencia, considerar reabrir minas, tal vez incluso volver a las minas que operaban hace 15 o 20 años, este gobierno garantizaría su seguridad”, dijo Burgum a periodistas antes de partir del país, a la vez que elogió los esfuerzos de la presidenta encargada para atraer inversiones extranjeras, fundamentalmente a través de la arobación de la ley de hidrocarburos. El funcionario explicó que en reuniones con empresas mineras se planteó la posibilidad de aplicar un marco legal al estilo del que se modificó para el sector petrolero.
La propuesta parece muy prometedora. Pero ¿cuáles son los recursos minerales de Venezuela y qué tan sencilla o compleja puede ser su extracción?
Carbón y otros minerales
Si bien Venezuela cuenta con vastos recursos de carbón, la falta de inversiones afecta la explotación. Esto complica la posibilidad de aumentar sus exportaciones, apuntando al mercado en Estados Unidos que actualmente lo importa principalmente de Canadá y Colombia, según datos de la EIA.
Además, está el problema del nivel de infraestructura que en general o es inexistente o está sin mantenimiento. Lo mismo pasa para la extracción de minerales, sobre todos los de tierras raras, que hoy generan un creciente interés a nivel mundial. Consultado por CNN antes de la captura de Maduro, cuando el panorama para Venezuela era todavía incierto, el economista Francisco Rodríguez, investigador sénior del Centro para la Investigación de las Políticas Económicas, con sede en Washington (CEPR, por sus siglas en inglés), dijo que, si bien estos minerales “pueden ser codiciados”, serían necesarios varios años de estudios hasta que el país sudamericano pueda tener una producción considerable.
Con él coinciden varios expertos que sostienen que no hay avances significativos para la explotación de estos minerales, fundamentales para el área tecnológica.
Tampoco hay información fehaciente y actualizada acerca de la cantidad de los recursos disponibles, aunque expertos creen que Venezuela tiene también depósitos de minerales estratégicos, como el coltán y la bauxita.
El oro
Analistas consultados por CNN destacan que Venezuela podría contar con una de las reservas auríferas más grandes del mundo. Sin embargo, no hay cálculos concretos, esto debido a la falta de investigación y exploración.
Manuel Sutherland, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), consultado meses atrás, en plena tensión entre Venezuela y EE.UU. previo a la captura de Maduro, detalló que la explotación del oro “es en gran parte artesanal, tiene poco desarrollo minero industrial” y que en muchos casos “se extrae de forma ilegal y peligrosa”.
De hecho, diversos informes sobre crimen organizado en América Latina destacan el crecimiento de la minería ilegal como parte de la diversificación de negocios entre organizaciones antes enfocadas solo al narcotráfico. Eso se evidencia en Venezuela: muchas regiones ricas en minerales estás controladas por grupos armados y guerrillas. Esto genera grandes riesgos y plantea problemas de seguridad y derechos humanos, lo que dificulta atraer las inversiones.