El régimen copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo posee una red transnacional de vigilancia e inteligencia, con destacada participación del coministro de Asuntos Exteriores Valdrack Jaentschke, encargada de intimidar a «cientos de miles de nicaragüenses en el extranjero», denunció el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.
Jaentschke, indicaron, formó presuntamente parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar esas acciones de represión transnacional contra exiliados en varios países, según el último informe del grupo, que será presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El coministro, mientras ocupaba importantes cargos diplomáticos en el exterior entre 2021 y 2023, «ayudó a dirigir la inteligencia política contra exiliados cuando se desempeñaba como asesor presidencial de alto nivel», destacó uno de los expertos del grupo, el húngaro Reed Brody, al presentar el informe en rueda de prensa.
Detalló que las misiones diplomáticas nicaragüenses en al menos cinco países albergan personal de inteligencia militar, y que la mayoría de los embajadores nicaragüenses actúan «como si fueran secretarios políticos del partido sandinista, informando directamente a la copresidenta Morillo».
Las herramientas usadas por este aparato incluyen la vigilancia de exiliados, el «doxing» (revelación de datos personales), la intimidación física, «y posiblemente el asesinato», señaló, recordando el asesinato el año pasado del mayor retirado Roberto Samcam, abatido a tiros en Costa Rica.
El informe habla en este sentido de al menos una docena de asesinatos o intentos contra críticos en el exilio, y señala que en la estructura de represión exterior participan ejército, policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de las telecomunicaciones TELCOR y embajadas.
Integrados en misiones diplomáticas de países como Guatemala, Honduras o Costa Rica, estos mecanismos han hecho que fuera de las fronteras de Nicaragua «quienes se atreven a resistir se enfrenten a la apatridia, el exilio, y una persecución que los sigue a cualquier lugar del mundo al que vayan», alerta el grupo de expertos.
Corrupción para financiar la represión
El informe también ahonda en otros abusos, y destaca por ejemplo que el Gobierno de Nicaragua está financiando la represión de sus opositores con prácticas corruptas.
«Fondos públicos destinados a asistencia social y a gastos operativos han sido desviados sistemáticamente para sostener operaciones de seguridad violentas y reforzar grupos armados del gobierno», denunció el presidente del grupo de expertos, el alemán Jan-Michael Simon.
«Se ha hecho hasta de manera cínica, por ejemplo utilizando fondos destinados a la limpieza de las municipalidades para financiar operaciones de ‘limpieza’ en otro sentido de la palabra», señaló a EFE Simon.
Aludió así a que el régimen precisamente apodó como «Operación Limpieza» a su aparato represivo contra las protestas de 2018.
La comisión tripartita, que completa la experta uruguaya Ariela Peralta, recuerda que el Gobierno nicaragüense ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 ciudadanos, y ha dejado a miles más de exiliados en situación de apátridas de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, impidiendo a muchos regresar.
Peralta advirtió que al menos se han documentado seis muertes bajo custodia desde 2018, dos de ellas el pasado año, y la desaparición de 75 personas por periodos que oscilaron entre varias semanas y más de dos años y aún se ignora el paradero de nueve de ellas.
Observaciones recientes
En este año 2026 el grupo de expertos ha recibido informaciones sobre detenciones de al menos 60 personas por haber manifestado en Nicaragua su apoyo a la intervención estadounidense que en Venezuela llevó a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, pero al mismo tiempo una semana después se liberó en el país centroamericano a varios presos políticos.
«La recuperación de la democracia en Nicaragua no vendrá de acontecimientos en otros países, sino de un proceso genuino basado en el respeto al estado de derecho», destacó Brody al respecto.
Los expertos, que ya en informes anteriores señalaron que las violaciones cometidas por las autoridades nicaragüenses desde 2018 constituyen crímenes de lesa humanidad, no cuentan con la cooperación del régimen de Ortega y Murillo, que el pasado año se retiró del Consejo de Derechos Humanos y otras instituciones de la ONU.
«No reconoce nuestra existencia y hemos mandado al menos 22 cartas al Gobierno sin respuesta, así que la cooperación del Estado de Nicaragua ha sido nula», lamentó a EFE el presidente del grupo.
EFE