Las empresas que operan en América Latina enfrentan un nuevo escenario de riesgo legal tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluir a varios carteles de la región en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO por sus siglas en inglés). La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, amplía las responsabilidades corporativas y podría exponer a las compañías a sanciones millonarias o incluso procesos penales si se demuestra que brindaron algún tipo de apoyo —directo o indirecto— a estas organizaciones criminales.
Por Semana
En la consultora Control Risk explican que una de las primeras acciones ejecutivas que tomó el presidente Trump en su segundo mandato fue clasificar a varios carteles latinoamericanos en la misma lista en donde están grupos como ISIS o Al-Qaeda. Comenzó con 8 y ya lleva 14 carteles, los cuales, en su afán de lavar su dinero o presionar para tener más poder o control territorial, pueden terminar impactando a las empresas.
En 2025, el Gobierno Trump declaró como FTO, entre otros, a los carteles mexicanos de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, el del Noreste y a la Nueva Familia Michoacana, así como a la salvadoreña Mara Salvatrucha, al venezolano Tren de Aragua y al Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo.
En el pasado, las Farc fueron consideradas como grupo terrorista, pero salieron por el acuerdo de paz y el ELN sí se mantiene en esa lista negra.
El riesgo legal al que se exponen las empresas se conoce como “apoyo material a grupos terroristas”, una figura en la que las compañías pueden incurrir tanto de forma directa como a través de su cadena de suministro. “Directamente puede ocurrir cuando un cartel llega a una empresa y le exige pagos para permitirle operar en determinada zona. También puede suceder con proveedores, cuando no se investigan adecuadamente antes de firmar contratos y luego se descubre que la empresa de transporte o el despacho de abogados con el que se trabaja pertenece a una organización ilegal o tiene vínculos con ella”, explica Ulla Pentinpuro, responsable de Servicios de Investigaciones e Inteligencia de Negocio para México y Centroamérica de Control Risks.
Agrega que ese apoyo material no solo se configura si se entrega dinero; también aplica, por ejemplo, si se permite cargar los teléfonos celulares de los miembros del cartel en las instalaciones de la compañía.
Los antecedentes muestran que las consecuencias pueden ser severas. El caso de la cementera francesa Lafarge, sancionada con una multa de 107 millones de dólares por apoyar al grupo Estado Islámico en Siria, es uno de los ejemplos más citados. También se recuerda el caso de Chiquita Brands en Colombia, que pagó a grupos armados ilegales y enfrentó fuertes sanciones y demandas judiciales.
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