Colombia registró una puntuación de 45,37 sobre 100 en la sexta edición del Índice Chapultepec, según el informe publicado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que identifica al Gobierno del presidente Gustavo Petro como el entorno estatal con mayor incidencia desfavorable para el ejercicio periodístico en el país.
«Los jueces atribuyen al poder Ejecutivo la mayor incidencia institucional en situaciones desfavorables a la libertad de prensa, con una influencia moderada por parte de la administración de Gustavo Petro», señala el informe de la SIP, elaborado en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela.
Con este resultado, el país subió dos posiciones en el escalafón regional para situarse en la casilla 12 de las 23 naciones americanas analizadas en el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025.
Pese a la subida de 5,03 puntos respecto a la medición anterior, el informe advierte que Colombia permanece en la franja de «Restricción», marcada por un entorno de violencia y la persistente impunidad en crímenes contra periodistas.
A la presión desde el Gobierno se suma a una evaluación crítica en la dimensión de Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, donde el país obtuvo apenas 12,83 puntos de un máximo de 30 posibles, reflejando serias dificultades en las garantías para el debate público.
La situación de seguridad para los periodistas sigue siendo el punto más crítico, según el informe, que en la dimensión de Acciones del Estado contra la Violencia, muestra que Colombia registró su peor calificación con 13,37 puntos de 40.
La investigación documenta los asesinatos de los periodistas Diomedes Farid Manrique y Oscar Gómez Agudelo en enero de 2025, así como el atentado contra el periodista Gustavo Chihcangana Álvarez en julio del mismo año.
El índice señala que la incapacidad del Estado para prevenir estos ataques y la falta de justicia en los procesos judiciales tienen un impacto directo en el deterioro del ejercicio profesional en las regiones.
Según la SIP, el principal enemigo de la prensa en el país sigue siendo la presencia de grupos irregulares que han atomizado el conflicto con el surgimiento de nuevas organizaciones disidentes de las FARC y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Esta situación pone en riesgo la integridad física de los reporteros y fomenta la censura en zonas de conflicto.
Además, el informe alerta sobre el uso del acoso judicial a través de denuncias penales como una herramienta recurrente para silenciar voces críticas y debilitar la sostenibilidad de los proyectos periodísticos independientes.
En el ámbito jurídico se destacan avances como el reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de que los crímenes contra periodistas deben ser investigados como ataques a la democracia, sumado a sentencias que garantizan el acceso a sedes públicas y perfiles digitales oficiales.
EFE