En un pronunciamiento cargado de franqueza y compromiso humanitario, el obispo de la Diócesis de Maturín, Enrique Pérez Lavado, reafirmó la postura institucional de la Iglesia frente a la crisis de los presos políticos en el estado Monagas y el resto del país.
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Bajo la premisa del «verdadero humanismo cristiano», la Iglesia Católica sostiene que la libertad para quienes están detenidos por motivos ideológicos no debe ser parcial ni condicionada, sino absoluta.
Durante un reciente encuentro con familiares de las víctimas, la autoridad eclesiástica local reconoció que el camino para brindar asistencia ha estado plagado de obstáculos.
El obispo admitió que, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel personal y a través de la Pastoral Social Cáritas, la creación de una Vicaría de Derechos Humanos en la región sigue siendo una «tarea pendiente».
Esta deuda institucional no ha sido por falta de voluntad, sino consecuencia de un entorno de hostilidad que incluye respuestas «tajantes e incluso amenazantes» por parte de las autoridades.
Uno de los puntos más críticos revelados es el bloqueo sistemático a la labor pastoral dentro de los recintos penitenciarios.
Se confirmó que en reiteradas ocasiones, se ha intentado ingresar al centro de reclusión de La Pica sin éxito.
«La política carcelaria, especialmente en cuanto a los presos políticos, ha sido totalmente hermética», señaló el obispo, subrayando que esta opacidad complica cualquier proceso de acompañamiento espiritual o verificación de condiciones de reclusión.
Pese a este escenario, la Iglesia ve en los recientes movimientos políticos un pequeño «resquicio» o ventana de oportunidad que están dispuestos a aprovechar. Esto con un claro objetivo: servir como mediadores en un proceso de excarcelación que devuelva la dignidad a las familias monaguenses, que hoy tienen a sus seres queridos dispersos en cárceles de toda Venezuela.
La posición de la Diócesis de Maturín se alinea estrictamente con las directrices de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). La Iglesia insiste en que su interés no es «político-partidista», sino la defensa de la vida y la persona humana.
Ante la incertidumbre que generan las nuevas leyes y sus interpretaciones contradictorias, la institución religiosa se mantiene como un faro de exigencia moral, demandando que se respete la libertad de quienes ya han sido excarcelados y se acelere el proceso para los más de 30 detenidos que aún permanecen tras las rejas.
La Iglesia en Monagas concluye su mensaje con una disposición total a la mediación, esperando que el «puño se afloje» lo suficiente para permitir una solución definitiva a esta crisis humanitaria.