Cumaná, Araya y Marigüitar cumplen dos semanas sumidas en una crisis por falta de agua. Según la versión oficial de las autoridades del estado Sucre, una falla estructural provocada por un movimiento telúrico es la causa de una interrupción que ya alcanza, al menos, 15 días, alterando drásticamente la cotidianidad miles de familias y forzándolas a adoptar medidas desesperadas para sobrellevar la crítica situación.
lapatilla.com
Lo que se está viviendo en la región oriental contraviene lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, desde el año 2010, reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Este mandato garantiza a todas las personas la disponibilidad de agua suficiente, segura, aceptable y asequible para uso personal y doméstico. Se considera un elemento esencial para la salud y una vida digna, cubriendo necesidades de consumo, higiene y saneamiento que, por lo general, oscilan entre 50 y 100 litros diarios por persona.
“Pensábamos que sería un corte de solo tres días, que es lo que habitualmente pasa cuando el Gobierno anuncia una interrupción, pero esta vez, de manera inesperada, no fue así. Ya llevamos dos semanas con una crisis de agua sin precedentes. Todos los días tengo que buscar cómo resolver para tener agua para el aseo de la casa y agua filtrada para el consumo de toda mi familia. Pude medio lavar la ropa hace dos días porque me movilicé fuera de Cumaná a la casa de un familiar. Además, tengo que estar pendiente de mis padres, porque son adultos mayores y no les llega nada de agua. Solo cuentan con los camiones cisterna que manda la Gobernación, pero eso es insuficiente”, declaró José Andrés Méndez, residente de Cumaná, al equipo de La Patilla en Sucre.
Tras el corte anunciado la noche del 24 de febrero, los cumaneses, junto a los habitantes de Araya y Marigüitar, se han visto sometidos a recurrir a fuentes hídricas como el río Manzanares, la playa y tomas clandestinas en plazas o avenidas.
La solidaridad de distintas organizaciones sociales se ha hecho notar con la entrega de kits de higiene (Cáritas Cumaná y otras instituciones), incluso comunidades rurales han prestado apoyo.
Versión oficial
El pasado 27 de febrero, la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó que de manera articulada con el Ministerio de Aguas e Hidroven, se encontraban trabajando para solventar la afectación de la tubería que conecta el embalse de Turimiquire con la red de aguas de la región.
En ese momento, se estimó restituir el servicio en un lapso de 48 a 72 horas y se anunció la activación de un plan de contingencia para garantizar el suministro de agua potable, a través de cisternas, al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa) en la capital sucrense, así como a espacios públicos y comunidades afectadas.
Luego, el 28 de febrero anunciaron la activación de 10 rutas de distribución con camiones cisterna para atender al Huapa, puntos estratégicos de la ciudad y más de 70 comunidades priorizadas. No fue sino hasta el 1° de marzo cuando, a través de un comunicado, informaron que activarían temporalmente el servicio en algunos sectores de Cumaná.
Asimismo, trascendió que por esta avería se pasó de recibir 5.000 litros de agua por segundo a 1.100 litros, y que también el estado Nueva Esparta resultó afectado. “Se hizo un plan que lo ejecutamos y ya está entrando el agua (…) siempre hay que acompañar a nuestro pueblo”, fue parte de lo que aseguró en su discurso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez en una visita a Cumaná el pasado 2 de marzo. Sin embargo, la realidad contradice esa aseveración.
Vale decir que el viernes 6 de marzo, el Ejecutivo Regional publicó en gaceta oficial un decreto de “emergencia hídrica” en los municipios Sucre (Cumaná), Cruz Salmerón Acosta (Araya) y Bolívar (Marigüitar).
En esta medida se prohibió el uso del agua para actividades no esenciales como el lavado de autos, llenado de piscinas, uso de fuentes ornamentales, riego de fachadas, áreas verdes y aceras. También se prohibió la tala y quema en zonas agrícolas.
Además, se ordenó el desmantelamiento de conexiones no autorizadas y la sanción severa al acaparamiento y la venta con sobreprecio del agua, en el marco de la Ley de Convivencia Ciudadana del estado Sucre.
La gobernadora Carrillo anunció la conformación de una Comisión Consultiva de Emergencia que supervisará diariamente el racionamiento y las obras de reparación, las cuales han sido catalogadas como de «aceleración prioritaria». Exhortó a la ciudadanía para que denuncien botes de agua o irregularidades en la distribución.
¿Riesgos sanitarios?
Ante los cambios adoptados por la colectividad tras la interrupción del abastecimiento de agua por tuberías, los profesionales de la salud han alertado sobre las consecuencias de recurrir a ríos, el mar y tomas clandestinas para abastecerse de agua no potabilizada.
Pedro Carvajal, representante del Colegio de Bioanalistas de la entidad, calificó la situación como dantesca. «Debemos exigir, por tratarse de un derecho humano, que se restituya el servicio. Los laboratorios y hospitales no escapamos de esta realidad. El agua es vital para la asepsia y antisepsia. Sin higiene básica, aumenta el riesgo de infecciones intrahospitalarias», señaló.
Asimismo, Carvajal enfatizó la necesidad de reactivar los laboratorios de control para garantizar que el agua distribuida cumpla con las características fisicoquímicas de potabilidad y exhortó a las autoridades a hacer una política de Estado que permita garantizar la salud de los ciudadanos a través de agua que tenga las mejores condiciones.
Es importante mencionar que existen reportes ciudadanos sobre presuntos brotes de enfermedades diarreicas, estomacales y de vómitos, que son atribuidos al uso de agua no apta para el consumo humano.
Ante esto, la Fundación para la Salud del estado Sucre (Fundasalud) se pronunció a través de un comunicado y afirmó que hasta el 9 de marzo “no se ha registrado un aumento en el número de casos diarreicos ni cuadros estomacales”. Detallaron que se han presentado casos puntuales que, según dice la institución, responden a la cotidianidad en comunidades aisladas. Recomendaron a las personas acudir al médico de manifestar estos síntomas.
“En cada centro de salud van a ser bien atendidos y están los medicamentos disponibles para cada paciente que así lo amerite”, puntualizaron en la misiva.
Pese a la postura del ente rector en materia de salud en la región, los ciudadanos persisten en reportar que se encuentran preocupados por los síntomas que presentan algunas personas y señalaron que en varios centros de salud pública les solicitan los insumos para ser atendidos.
A juicio del gremio médico, los niños y adultos mayores son quienes se llevan la peor parte de la crisis y consideran necesario se declare una “emergencia sanitaria”.
Entre el lucro y la resiliencia
La parálisis del suministro no solo ha generado una crisis de higiene, sino también un fuerte impacto en la economía familiar.
En los principales supermercados y comercios de Cumaná, el agua envasada se ha convertido en un objeto de primera necesidad con costos que muchos no pueden costear: un botellón de 18 litros puede costar hasta los 13 dólares, mientras que una botella de 5 litros se consigue en unos 4 dólares.
Sin embargo, la solidaridad comunitaria se ha hecho notar. Organizaciones de la sociedad civil como Cáritas Cumaná y comunidades rurales como Guatacaral han tendido la mano a las parroquias urbanas.
Familias de las zonas han organizado jornadas de llenado gratuito para quienes logran movilizarse hasta sus sectores, mientras que ONG locales han coordinado la entrega de pastillas potabilizadoras y envases en las comunidades más vulnerables, supliendo donde la logística oficial no ha logrado llegar.
Educación, comercio y turismo en jaque
Cabe destacar que al inicio de la crisis por la falta de agua, los planteles educativos de los distintos niveles suspendieron sus actividades, pero han ido progresivamente reactivando las clases a través de la virtualidad, aunque algunos se mantienen a la expectativa de cuándo será solucionado el problema definitivamente.
Este mismo escenario se replica en el sector empresarial y turístico, el cual ha tenido que adoptar una serie de medidas para garantizar el funcionamiento de sus establecimientos y seguir ofreciendo sus servicios.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, Miguel Amendolara, consideró que “es una situación que está llegando a niveles inhumanos”.
Junto a representantes de distintos gremios, Amendolara pidió a las autoridades la emisión de un informe técnico detallado de la realidad, al tiempo que valoró al personal que se encuentra trabajando en tratar de solucionar el problema.
“Sabemos que la gobernadora heredó un estado con muchísimos problemas que vienen desde gobiernos anteriores y no fueron atendidos en su debido momento, por lo que hoy vivimos las consecuencias de esa situación”, añadió.
Del mismo modo, Amendolara pidió medidas de emergencia a corto plazo para garantizar el suministro; información oportuna, transparente y accesible sobre la situación actual de las reparaciones y tiempo estimado de la recuperación del sistema; la presentación de un plan de contingencia detallado; transparencia en el manejo de los recursos aprobados y la instalación de una mesa técnica intersectorial junto al Colegio de Ingenieros y expertos de la sociedad civil, entre otros.
El dirigente gremial cuestionó el cobro excesivo del servicio de agua que no es prestado con la calidad necesaria. Destacó que existen comunidades en Sucre que tienen muchos años recibiendo el recurso uno o dos días a la semana.