La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves que «la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa», pese a la captura a inicios de año de Nicolás Maduro y su esposa.
Como una muestra de ello, sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
Asimismo, «los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor«, señalaron los expertos al presentar un informe oral sobre la situación reciente en Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra.
La Misión también destacó que pudo corroborar que, desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, al menos 87 personas fueron detenidas por motivos políticos.
Además, de los periodistas y supuestos colaboradores con EE.UU. mencionados anteriormente, una treintena de personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y sus familiares fueron arrestadas por negarse a falsear evidencias relacionadas con el ataque militar de Washington para sacar a Maduro del poder, dijeron.
Esto ocurrió tras un período de intensa represión entre septiembre y diciembre de 2025, durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y el uso continuado de «tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y (las llamadas) casas seguras”.
«Las organizaciones de la sociedad civil y los escasos medios independientes que todavía existen son aún objeto de ataques, hostigamiento e intimidación«, recalcó Quintero.
Sobre las excarcelaciones de presos políticos de los últimos mes, la Misión lo consideró un paso positivo, aunque carente de transparencia y mencionó que «no hay datos ciertos y únicos sobre su identidad y número«, recordando que mientras el gobierno habla de 626 personas liberadas, las oenegés estiman que se trata de muchas menos.
Consejo de Derechos Humanos, 61° Período de Sesiones
Declaración de la Sra. María Eloísa Quintero, miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela
Señor Presidente, Excelencias, Distinguidos delegados,
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela tiene el agrado de presentar esta actualización oral sobre su labor ante el Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 57/37 del Consejo, que prorrogó el mandato de la Misión hasta octubre de 2026.
La composición de la Misión ha sido renovada desde la presentación de su último informe en septiembre de 2025. Esta actualización es presentada por sus dos nuevos miembros: el Sr. Alex Neve, quien nos acompaña hoy, y yo, María Eloísa Quintero. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a los antiguos expertos de la Misión —el Sr. Francisco Cox, la Sra. Patricia Tappatá y la Sra. Marta Valiñas— por su extraordinaria dedicación y logros en la crucial tarea de investigar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Señor Presidente,
Esta actualización abarca el período desde septiembre de 2025 hasta el presente. Ha sido un tiempo marcado por la incertidumbre, durante el cual hemos observado tanto cambios como continuidades. Puede dividirse en dos fases.
La primera fase incluye los últimos meses de 2025; durante este período, la Misión observó una continuidad en los patrones de violaciones graves de derechos humanos resaltados previamente en informes anteriores. Solo entre septiembre y diciembre de 2025, la Misión documentó 135 presuntas detenciones arbitrarias. Muchos de los detenidos fueron sometidos a violaciones de derechos humanos tras su arresto. La Misión investiga actualmente varios casos de tortura y violencia sexual y de género cometidos en centros de detención y en las llamadas «casas de seguridad». Un tercio de los arrestados eran familiares de los objetivos principales de las detenciones. Entre ellos se encontraban ocho niños y adolescentes, incluidos niños de dos y cinco años. La Misión también registró la muerte de al menos tres personas bajo custodia durante este período. Las investigaciones iniciales sugieren que estas muertes pudieron ser el resultado de condiciones médicas que no fueron atendidas de manera oportuna o adecuada. Estas muertes subrayan una vez más las duras condiciones que enfrentan los detenidos, particularmente aquellos recluidos por motivos políticos.
La Misión también siguió recibiendo información sobre el grave impacto en las familias de los detenidos causado por la falta de información sobre el paradero y la situación de sus seres queridos, así como por la opacidad en los criterios y plazos para las liberaciones. Esta carga ha recaído desproporcionadamente sobre las mujeres, muchas de las cuales han esperado durante semanas frente a los centros de detención, recurriendo en ocasiones a huelgas de hambre. La Misión continúa investigando estos patrones. Sin embargo, sus hallazgos preliminares sugieren que, entre septiembre y diciembre de 2025, las autoridades continuaron implementando la política de Estado de represión contra los opositores percibidos, tal como ha sido documentado previamente por la Misión en los últimos meses y años.
Señor Presidente,
Durante el período que se informa, ocurrieron eventos de gran trascendencia. Desde principios de septiembre de 2025, los Estados Unidos de América desplegaron una operación militar y de vigilancia en el Mar Caribe, destinada a enfrentar lo que las autoridades de ese país describieron como «organizaciones narcoterroristas». Pocos meses después, el 3 de enero de 2026, los Estados Unidos llevaron a cabo un ataque militar en Venezuela, incluyendo bombardeos a aeropuertos, bases aéreas e instalaciones militares en Aragua, Caracas, La Guaira y Miranda. Según estimaciones proporcionadas por el Ministerio de la Defensa venezolano, los ataques causaron 82 muertes; de estas, al menos dos eran civiles, según informaron los medios de comunicación. El ataque fue acompañado por una operación de las Fuerzas Especiales de EE. UU. durante la cual el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron aprehendidos. Ambos fueron trasladados por la fuerza a los Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas.
En relación con estos eventos, y en nuestra calidad de expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos, quisiéramos señalar lo siguiente:
Primero, la Misión reitera lo que afirmó en su declaración pública del 3 de enero: la operación militar de los Estados Unidos del 3 de enero de 2026 violó el derecho internacional. Si bien la Misión tiene motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil, esto no justifica una intervención militar ilegal. Segundo, la Misión ha declarado consistentemente que todos los individuos involucrados en el sistema de represión y responsables de perpetrar tales crímenes deben rendir cuentas a través de procesos judiciales que respeten las garantías debidas.
Señor Presidente,
Como es de conocimiento público, tras el ataque militar y la aprehensión del Sr. Maduro, el Tribunal Supremo nombró a Delcy Rodríguez como «presidenta interina». Esto inició una segunda fase marcada por ciertas acciones que inicialmente parecieron alentadoras. Una de las primeras medidas de la Sra. Rodríguez fue la emisión de un decreto declarando un estado de «emergencia externa»; el alcance y la legalidad del decreto plantean serias preocupaciones bajo el derecho internacional y el derecho constitucional venezolano.
Posteriormente, y como señal de cambio, las autoridades iniciaron una liberación masiva de personas detenidas por motivos políticos. La Misión acoge con satisfacción este paso positivo. Sin embargo, no existen datos fiables o unificados sobre la identidad o el número de los llamados «presos políticos». Las cifras oficiales sobre los detenidos o liberados presentan inconsistencias importantes y no pueden ser verificadas de manera independiente. El 23 de enero, Delcy Rodríguez declaró que 626 personas habían sido liberadas, mientras que organizaciones no gubernamentales estiman que el número real fue significativamente menor.
El 20 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Cualquier ley de esta naturaleza es, en principio, un instrumento positivo. Sin embargo, esta ley no establece una amnistía general; más bien, limita su alcance a personas detenidas o procesadas por delitos derivados de una lista estrecha de eventos específicos. La Misión saludó la promulgación de esta ley, pero también ha expresado serias reservas, incluyendo las siguientes:
Primero, la ley fue aprobada mediante un proceso acelerado, lo que impidió un proceso de consulta transparente e inclusivo. Segundo, la ley no reconoce la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos. No establece procesos transparentes o integrales, investigaciones independientes ni mecanismos para esclarecer la verdad. Tampoco reconoce a las víctimas de la represión, quienes siguen siendo caracterizadas como criminales, sin acceso a reparaciones efectivas. Tercero, el alcance de la ley de amnistía es arbitrariamente restrictivo. Se aplica únicamente a delitos penales (y no a procedimientos civiles, disciplinarios, administrativos u otros tipos) y solo a una lista cerrada de eventos. Excluye a un gran número de personas detenidas en relación con otros incidentes, incluyendo presuntas «acciones armadas o de fuerza» contra la soberanía e integridad territorial del país, una acusación frecuentemente utilizada por las autoridades para detener a militares, exmilitares y civiles.
Según la última información oficial, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, las autoridades judiciales liberaron a 247 personas en virtud de la Ley de Amnistía, mientras que otras 7,407 recibieron «libertad plena» tras la terminación de los procedimientos en su contra. Ante la ausencia de registros oficiales accesibles al público, estas cifras no pueden ser verificadas. Cientos de personas permanecen privadas de libertad. Entre ellas se encuentran individuos de diversas nacionalidades. Según los registros de la Misión, al menos 76 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad detenidos por motivos políticos siguen esperando su liberación. La Misión aprovecha esta oportunidad para reiterar su llamado a que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente, independientemente de si sus casos entran en el ámbito estrechamente definido de la Ley de Amnistía. Esta ley no es necesaria para liberar a personas que han sido privadas de su libertad ilegalmente.
Señor Presidente,
La Misión sigue recibiendo testimonios directos, declaraciones de víctimas, información, documentación e informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas después del 3 de enero. En esta segunda fase, según la información recopilada por la Misión, al menos 87 personas fueron detenidas. Entre ellas se encontraban 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que fueron arrestados temporalmente mientras cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez el 5 de enero, y al menos 27 personas detenidas por presuntamente celebrar la detención de Nicolás Maduro, incluidos 15 niños. También se informó que alrededor de 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), así como sus familiares, fueron detenidos tras negarse presuntamente a falsificar pruebas relacionadas con el ataque militar del 3 de enero.
La información disponible para la Misión confirma que los «colectivos» —grupos civiles armados— continúan operando. El espacio cívico y democrático sigue severamente restringido. Las organizaciones de la sociedad civil, los pocos medios de comunicación independientes que quedan y los actores políticos continúan enfrentando ataques, acoso o intimidación. Las perspectivas de contar con las garantías plenas necesarias para unas elecciones libres y democráticas siguen siendo remotas.
Los nuevos casos de violaciones de derechos humanos subrayan que la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y permitió la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales —previamente documentados por la Misión— permanece intacta. No hay indicadores de reformas estructurales o cambios. Las instituciones del Estado que desempeñaron un papel clave en la represión y que han sido identificadas en informes anteriores de la Misión no han sido revisadas ni reformadas. Estas incluyen el poder judicial; las instituciones que integran el «Poder Ciudadano» (la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República); y otros órganos esenciales para la vida cívica y democrática, como el Consejo Nacional Electoral y CONATEL, la autoridad de telecomunicaciones.
Varios altos funcionarios gubernamentales y militares identificados previamente por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando cargos de alto nivel dentro del poder ejecutivo y las fuerzas de seguridad. Los instrumentos legales que durante mucho tiempo han servido de base para la persecución política siguen plenamente vigentes. Estos incluyen, notablemente, la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, ambas de las cuales deberían ser derogadas o reformadas sustantivamente.
Como ha declarado la Misión anteriormente, se requiere una transformación mucho más profunda y duradera para que la población pueda confiar en que los largos años de represión y violencia realmente han llegado a su fin.
Señor Presidente,
En este contexto incierto y volátil, el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos es más importante que nunca. La Misión ha investigado y continuará investigando las violaciones que entran en su mandato, y seguirá identificando modus operandi, patrones, actores y perpetradores, lo cual servirá como una hoja de ruta indispensable para guiar las reformas y cambios necesarios. La Misión es un órgano independiente, técnico y apolítico; su labor constituye una herramienta crítica y objetiva para acompañar este período de transición y evaluar de manera independiente los avances o la ausencia de ellos en este sentido.
Las estructuras represivas y las alianzas están mutando mientras buscan adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder. La Misión continuará su trabajo para identificar a los actores y mecanismos involucrados en graves violaciones y crímenes que obstruyen el restablecimiento del Estado de derecho, siempre de acuerdo con su mandato investigativo.
Este es también un momento crucial para las víctimas. Más de 8.7 millones de ciudadanos venezolanos —incluidos miles de refugiados— viven actualmente fuera de Venezuela, anhelando la posibilidad de regresar. Cientos de personas han sido liberadas recientemente o se les han levantado medidas cautelares; muchas se han acercado a la Misión en los últimos meses porque sienten que el contexto nacional actual ofrece un entorno más seguro para compartir sus experiencias. El número de personas y casos presentados para documentación e investigación ha aumentado significativamente, duplicando o incluso triplicando la carga de trabajo de la Misión.
La Misión sigue recopilando información de víctimas directas, sus familias, informantes y otros actores que proporcionan relatos de violaciones recientes, así como de las cometidas en años anteriores. Hoy, más que nunca, es esencial afrontar y emprender esta labor investigativa. Nuestra Misión tiene ese mandato. Por lo tanto, la Misión reitera su llamado a la cooperación de las autoridades venezolanas y solicita que se le conceda pleno acceso al país, como demostración de transparencia y colaboración.
Señor Presidente,
La situación actual en Venezuela puede representar una oportunidad para que prevalezca el respeto genuino por los derechos humanos y la rendición de cuentas, allanando así el camino hacia la reconciliación nacional. La Misión cree que este es un momento de mayor apoyo, compromiso y escrutinio internacional, no de menor atención. El pueblo de Venezuela no merece menos. Las miles de víctimas —venezolanas y de otras nacionalidades— no exigen menos.
Gracias por su atención.