El depuesto Nicolás Maduro no debería poder utilizar fondos del gobierno venezolano para defenderse de cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, informaron el viernes los fiscales estadounidenses, señalando que Washington no lo ha considerado como el líder legítimo del país desde hace años.
Por Luc Cohen | Reuters
El mes pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, instó al juez federal Alvin Hellerstein a desestimar la acusación contra Maduro porque el Departamento del Tesoro había revocado sin explicación una exención a las sanciones financieras estadounidenses contra Venezuela que había permitido al gobierno sudamericano financiar su defensa.
Pollack argumentó que la revocación interfería con el derecho de Maduro a un abogado bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU. Afirmó entonces que la «ley y costumbre venezolanas» dictan que el gobierno pague los gastos del «presidente» y su esposa.
Un funcionario de la fiscalía general de Venezuela dijo en un documento judicial el mes pasado que el gobierno estaba dispuesto a pagar.
Al instar a Hellerstein a no desestimar la acusación, los fiscales de la oficina del fiscal federal de Manhattan señalaron el viernes que la exención inicial era un «error administrativo».
Los fiscales dijeron que Maduro y su esposa, Cilia Flores, aún podrían utilizar sus fondos personales para su defensa. El abogado de Flores, Mark Donnelly, también había pedido a Hellerstein que desestimara los cargos en su contra por la financiación de su defensa.
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