A pocas semanas de la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa, el panorama político en Venezuela da muestras de cambios promisorios, junto a otros temas no menos importantes de confusión o incertidumbre. De una parte, se han aprobado leyes como la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Amnistía (aunque limitada), y la modificación en curso de la Ley de Minería, junto a movimientos en el equipo de gobierno, y tímidas señales de flexibilización en cuanto a la libertad de expresión. Pero falta mucho camino por recorrer hacia la transición democrática, entre otros la definición de un cronograma más preciso para la celebración de elecciones limpias y con garantías, con miras a la restitución del Estado de Derecho tras 27 años de autoritarismo.
El país alberga esperanzas de que el camino hacia el cambio sea irreversible, pero se requieren señales claras de voluntad del régimen para desmontar la estructura represiva, la liberación total de los presos políticos, el retorno de los exiliados, la renovación del sistema judicial y electoral, y en lo social, mejoras salariales, de pensiones y en el sistema de salud, metas más factibles gracias a la mejoría en la producción y los ingresos petroleros. A la par, se precisan medidas firmes en la lucha contra la corrupción, y la remoción de barreras al cambio, que tienen como expresión a Diosdado Cabello, para así generar un clima de confianza a la inversión privada nacional y extranjera.
La triple agenda comentada en una entrega anterior, es decir la agenda de EE.UU. con un énfasis transaccional (recursos naturales y narcotráfico), requiere que la contrapartida a las etapas de estabilización y recuperación vayan en paralelo y sin demoras con el tercer componente de la agenda, el de la transición hacia la democracia. Para el gobierno en ejercicio la prioridad sigue siendo ganar tiempo, haciendo concesiones varias a EE.UU., con el objetivo final de permanecer en el poder. El régimen apuesta a un posible debilitamiento del gobierno de Trump en las elecciones legislativas de noviembre, afectado por el desgaste en el ejercicio del gobierno, y por los efectos del conflicto en el Medio Oriente, que está provocando un caos mundial y el riesgo de una recesión económica global. Para la oposición democrática en Venezuela, la mira está puesta en que las otras dos etapas mencionadas vayan en paralelo hacia la reinstitucionalización del país y a la celebración de elecciones en el plazo más razonable posible, a sabiendas que implicará remover muchos obstáculos.
El entorno conflictivo internacional se agudiza con el nuevo frente bélico abierto en el Medio Oriente tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, la reapertura del conflicto Israel-Hezbolá en el sur del Líbano, el conflicto vigente en la Franja de Gaza, y los enfrentamientos Afganistán-Pakistán. En el caso de Irán, EE.UU. e Israel subestimaron la capacidad de reacción de ese país, pues pese a los daños infringidos, han vengado la baja del Líder Supremo cerrando el Estrecho de Ormuz, atacando a Israel, a las bases militares estadounidenses y a instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico, con efectos negativos sobre la región y la economía global. La vulnerabilidad energética mundial coloca de nuevo a Venezuela en una posición atractiva a la inversión extranjera para la recuperación de su disminuida industria petrolera. En el corto plazo, una moderada elevación de la producción de hidrocarburos y la disparada de los precios mejorarán los ingresos por exportaciones, cotizadas a precios de mercado bajo el control de EE.UU, lo cual podría ser capitalizado políticamente por el régimen interino como un logro, con miras a la estrategia subyacente de mantenerse en el poder.
Son visibles también algunas inconsistencias en el gobierno de Trump. Así, las continuas exaltaciones a Delcy Rodríguez por la colaboración que brinda, y el reconocimiento formal a su legalidad como presidente, entran en contradicción con su ilegitimidad de origen, moviendo a confusiones que son bien aprovechadas por el régimen. Pero en la medida en que se enfatice en el carácter interino del gobierno, ese reconocimiento estaría más orientado a permitirle al interinato manejo de los activos venezolanos en el exterior, siempre bajo la supervisión de EE.UU, y que la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York no pueda alegar que sigue siendo el presidente de Venezuela.
Ahora, las señales más esperadas están centradas en la posición que asuma el gobierno interino sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela y el libre ejercicio de sus derechos políticos, cumplida la exitosa agenda internacional tras su salida del país para recibir el Premio Nobel de la Paz. Esa será la prueba reina de la voluntad del gobierno de si está dispuesto a abrir espacios a la transición política, junto con una aplicación más inclusiva de la Ley de Amnistía, que permita además el retorno de exiliados, el levantamiento de las inhabilitaciones a muchos líderes políticos, y la derogación o modificación sustancial de disposiciones como la Ley del Odio, entre otras.
La elección del nuevo Fiscal General de la Nación y del Defensor del Pueblo serán también una prueba de si el régimen manipulará su aplanadora legislativa para colocar a algunos de los suyos en dichas posiciones o, lo menos probable, abrirse a la elección de profesionales independientes e idóneos en tales cargos. Lo mismo cabe para el Tribunal Supremo de Justicia, otro órgano abyecto, integrado por familiares y allegados al régimen, y en especial a la ex primera dama Cilia Flores.
Es también prioritario, en el marco de esa compleja agenda, el desarme de los grupos paramilitares violentos, llámense colectivos o milicias, y una clara determinación para extrañar del país a grupos foráneos involucrados en actividades que afectan la soberanía y la seguridad nacional, como cubanos, iraníes, rusos, mineros ilegales e irregulares colombianos, siendo que, en este último caso, la frontera colombo-venezolana es una zona gris sin presencia de los Estados, controlada por la guerrilla colombiana, el crimen organizado y los carteles de la droga, que actúan con la tolerancia o connivencia de los cuerpos de seguridad venezolanos y colombianos.
Son estos algunos de los desafíos que enfrenta el país hacia el próximo futuro, sin desdeñar la estabilización macroeconómica, el control del gasto público y la inflación, la cual supera el 500% anual, pulverizando el poder adquisitivo del salario. De todo ello depende que el país transite por una senda consistente de recuperación, bajo el imperio de la ley. Venezuela es un país viable y con futuro si se concreta un cambio político y de modelo. No puede esperarse un flujo importante de inversión privada nacional y extranjera sin seguridad jurídica y una institucionalidad sólida y creíble. Cómo no desear que el país vuelva a ser el país de oportunidades y un referente en el concierto internacional, y que millones de compatriotas puedan retornar si lo desean, para reintegrar a la familia venezolana dispersa por el mundo, y que se sume a la recuperación del país y a vivir en el suelo patrio que nos ha sido arrebatado, con seguridad y libertades plenas. No han sido solo 27 años de un profundo retroceso, con efectos que se proyectan hacia varias décadas, y requerimientos de ingentes recursos y esfuerzos políticos y económicos. La hora ha llegado de revertir el atraso, la expoliación y la pobreza, y ser de nuevo un baluarte de la democracia en la región, y no el país “paria” en todos los indicadores de libertad y desarrollo económico y social al nivel mundial. A ello tenemos que contribuir todos y cada uno de los venezolanos, en momentos históricos para el futuro de nuestra nación, contando sí, con un apoyo consistente de la comunidad internacional.