China procesó por presuntos sobornos al inicio de la pandemia de covid-19 a Jiang Chaoliang, exjefe del Partido Comunista (PCCh) en la provincia de Hubei, en un caso relacionado con el uso de cargos anteriores en el sistema financiero estatal y en gobiernos locales para obtener beneficios indebidos.
Según informó este martes la Fiscalía Popular Suprema del país asiático, su rama en Nanjing (este) presentó la acusación ante un tribunal intermedio tras concluir la investigación del caso, que había sido transferido previamente por la Comisión Nacional de Supervisión, el principal brazo anticorrupción del Estado.
Las autoridades acusan a Jiang de aprovecharse de diversos cargos desempeñados a lo largo de su trayectoria, incluidos puestos directivos en entidades financieras estatales y responsabilidades en gobiernos provinciales, para favorecer a terceros y aceptar sobornos de cuantía «especialmente elevada».
Jiang ocupó altos cargos en el sector financiero chino antes de pasar a la política, donde fue gobernador de la provincia nororiental de Jilin entre 2013 y 2016 y posteriormente secretario del Partido Comunista en Hubei entre 2016 y 2020.
En febrero de 2020, en las primeras semanas de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, fue destituido de ese último cargo en medio de críticas por la gestión inicial del brote en Wuhan, capital de Hubei.
En octubre de 2025, las autoridades anunciaron su expulsión del Partido y su destitución de cargos públicos tras una investigación por «graves violaciones de la disciplina y la ley», una fórmula habitual en casos de corrupción.
El caso se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012, que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes empresas estatales.
Si bien esta ofensiva, uno de los ejes centrales del mandato de Xi, ha sacado a la luz numerosos casos de soborno y abuso de poder dentro del aparato del partido y del Estado, algunos observadores han señalado que también podría estar siendo utilizada para apartar a determinados rivales políticos.
En 2025, las autoridades investigaron a 115 funcionarios de nivel provincial o ministerial o superior, según datos oficiales, en un contexto de refuerzo del control disciplinario coincidiendo con los preparativos para el nuevo plan quinquenal que regirá las políticas del país entre 2026 y 2030. EFE