La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes 17 de marzo la nueva detención arbitraria de María de los Ángeles Castillo, presa política que había sido excarcelada a finales de febrero, tras la promulgación de la Ley de Amnistía en Venezuela.
En una publicación en X, JEP señaló que Castillo fue detenida «en un punto de control» en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) cuando «se dirigía a Perú para reunirse con sus hijas».
«A pesar de que compareció voluntariamente en tres ocasiones ante el Tribunal donde cursó su causa y ante el Ministerio Público en Caracas —donde se le ratificó la inexistencia de causas pendientes—, funcionarios de seguridad ejecutaron hoy su aprehensión alegando una solicitud activa en el sistema», indicó la ONG.
JEP aseguró que Castillo recibió una medida de libertad plena y fue excarcelada de un comando policial en El Valle, en Caracas, el pasado 25 de febrero, tras ser detenida el 18 de julio de 2025.
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La organización agregó que la detención de Castillo «constituye un grave precedente que deriva en la revictimización», a la par que demuestra «una grave falta de coordinación institucional», y criticó la omisión del tribunal «al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales».
Asimismo, exhortó a la «libertad inmediata» de Castillo y que se tramite el cierre de su caso.
«La libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado», añadió.
El jefe del Parlamento controlado por el régimen chavista, Jorge Rodríguez, afirmó este martes 17 de marzo que las personas con amnistías rechazadas -entre las que se cuentan dos periodistas- pueden apelar sus casos.
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La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo chavista, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.
Hasta el jueves pasado, el chavismo cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 presos políticos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.
EFE