El puente hacia la libertad que hace 32 años tendió el entonces presidente Rafael Caldera al teniente coronel Hugo Chávez, quien recibió un sobreseimiento por su intento de golpe en 1992, permanece hoy bloqueado para casi 200 militares detenidos en Venezuela que no han sido alcanzados por la amnistía, un beneficio anunciado bajo la prédica de la reconciliación, pero que excluye a los uniformados.
Fue un 26 de marzo de 1994, cuando un Caldera recién juramentado ordenó la nulidad de la causa de quien cinco años más tarde sería su sucesor y padre de lo que hoy se conoce como el ‘chavismo’, un movimiento que ahora encabeza Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro y cuya ley de amnistía no perdona a los que hayan participado «en acciones armadas o de fuerza» contra el país.
Es así como militares que han protagonizado operaciones como Constitución, Gedeón, Sukhoi o el asalto al Fuerte Paramacay -también llamado David Carabobo- y están detenidos bajo acusaciones de conspiración, terrorismo, traición a la patria, rebelión y otros cargos, ahora no son considerados por la amnistía aprobada en febrero pasado.
«Resulta bastante contradictorio que se hable de amnistía o reconciliación, pero que esa amnistía no se aplique de manera general, sino selectiva y excluya precisamente a quienes actuaron por razones políticas o de conciencia, como en el caso de los de Paramacay», dijo a EFE Irene Olazo.
Su esposo, el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, fue detenido en 2017 por el asalto a un fuerte en el estado Carabobo (norte) y se le negó la amnistía junto a todos los implicados en el caso.
Caguaripano, detenido actualmente en El Rodeo I, estado Miranda (norte), se declaró en rebeldía contra «la tiranía asesina» de Maduro, junto a unos veinte hombres vestidos con uniforme militar y que portaban armas largas.
Tomó por asalto el fuerte Paramacay, operación que defendió como una «acción cívico militar para restablecer el orden constitucional» y «detener los asesinatos» de jóvenes en medio de protestas antigubernamentales que sacudían al país en ese entonces.
«Cuando Chávez encabezó el golpe lo hizo contra un Gobierno elegido constitucionalmente, un hecho en el que hubo muertos y en el que atentó directamente contra el orden democrático (…) Y a pesar de eso, años después, recibió un indulto por parte del presidente Caldera, en un gesto que se presentó como un acto de reconciliación nacional. El caso de mi esposo es una situación totalmente distinta, los hechos de 2017 ocurrieron en medio de una crisis institucional profunda», apuntó Olazo.
Este militar ya había disentido del poder en 2014.
Por la operación de agosto de 2017, siete militares y más de una decena de civiles fueron sentenciados en diciembre pasado a 30 años de prisión, luego de un juicio que tomó años por retraso procesal y denuncias de torturas.
Rebelión militar no procede
Y aunque el pasado 28 de febrero se anunció la excarcelación de 31 militares vinculados a otros casos, estos no fueron objeto de amnistía, por lo que tienen medidas cautelares y su proceso judicial continúa.
«Si un militar está acusado de rebelión no entra (en la amnistía), pero se le pueden otorgar otras medidas o revisión de medidas para otorgar libertad cautelar. No es plena, pero lo importante es que salgan de prisión», declaró a EFE la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión que verifica el cumplimiento de la amnistía.
Dentro del caso Paramacay también está el de Gabriel Jesús Barros Romero, un joven de 32 años que fue vinculado al asalto por participar en una protesta que había frente al fuerte, según su madre, Laudelina Romero, pero que está acusado de «rebelión militar».
El oficio del juez Luis Ovalles que respondió a la solicitud de amnistía «niega por improcedente el sobreseimiento». Los abogados apelaron.
Plazo vencido
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 179 militares detenidos, y varios de ellos también esperan por una respuesta de su solicitud de amnistía, que ya superó el plazo de 15 días.
«La solicitud fue introducida el 25 de febrero. Hasta el día de hoy no se ha dado ningún tipo de respuesta», explicó a EFE Jennifer Cárdenas de Bello, quien pide la amnistía para su esposo, el capitán de aviación Marcos Daniel Bello Corona, condenado a 30 años de prisión por «traición» junto a otros seis militares por supuestamente revelar información secreta a Colombia sobre aviones de combate rusos Sukhoi.
Cárdenas también asegura que su esposo es inocente porque la investigación está basada en Barcelona, capital del estado Anzoátegui (noreste), donde, afirma, «él nunca había trabajado».
«Muchos de ellos ni siquiera están incursos en delitos. No va a haber reconciliación y paz en un país mientras estén muchas de esas personas y su familia sufriendo», añadió.EFE