José Ignacio Moreno León: Sin independencia de poderes no hay democracia ni desarrollo

Para que el proceso de transición -que se adelanta con la tutoría  del gobierno de los Estados Unidos-, logre los objetivos de reactivar el desarrollo y retomar la democracia en el país, es necesario impulsar la separación e independencia de los poderes públicos como condición indispensable  a fin de lograr la genuina democracia y asegurar la libertad. Sin esas condiciones funcionales no es posible alcanzar un desarrollo sostenible.

Es por eso que la designación del nuevo Fiscal General representa un reto para responder a esas condiciones que reclama la institucionalidad democrática.

La independencia de la Fiscalía no es un capricho jurídico; es una condición básica para que exista un Estado democrático funcional. Igual podemos decir de la Contraloría General de la Republica. Cuando esas instituciones dependen del poder político, la ley deja de ser ley y pasa a ser un instrumento del gobierno de turno. Así de simple.

El Ministerio  Público o Fiscalía tiene la misión de investigar delitos y llevar a los responsables ante la justicia. Si el fiscal depende del presidente o de un partido político, ocurre algo previsible:
Se persigue a los adversarios políticos.
Se protege a los aliados del poder.
Se paralizan investigaciones incómodas.Por eso, en los sistemas democráticos modernos, la Fiscalía debe tener:
Autonomía funcional y presupuestaria
Estabilidad del Fiscal General
Protección contra presiones

Sin una Fiscalía  independiente, la corrupción política rara vez se investiga seriamente.

Lo mismo podríamos señalar sobre la Contraloría General de la República como el órgano encargado de vigilar cómo se usan los recursos del Estado. En términos sencillos: es el auditor de toda la administración pública.

Su independencia es clave porque debe poder revisar y sancionar:
ministerios
gobernaciones y alcaldías
empresas estatales
contratos públicos

Si la Contraloría está subordinada al poder político:
las auditorías se vuelven selectivas
los informes se manipulan
la corrupción queda

Cuando estas instituciones no son independientes, la experiencia comparada muestra tres consecuencias claras:
1 Impunidad estructural
2 Corrupción sistemática
3 Desconfianza ciudadana en la democracia

En cambio, cuando ambas instituciones funcionan con autonomía real:
aumenta la transparencia
se fortalece el estado de derecho
se limita el abuso del poder

Podemos proclamar  que como principio republicano básico, en una república sana:
el gobierno administra
la Fiscalía investiga
la Contraloría controla

Y si realmente se pretende  impulsar -con la transición tutoreada-, el cambio imprescindible para promover el desarrollo  y restablecer la democracia, un paso fundamental es la designación  del nuevo Fiscal General respetando el principio de separación de poderes formulado por Montesquieu  que señala que ningún poder debe controlar completamente a los demás.

 Si lo anterior  se logra quedaria pendiente la designación de un nuevo Contralor para asegurar que la transición se está cumpliendo con los objetivos democráticos que la justifican. Quedaría pendiente además la designacion del Defensor del Pueblo igualmente independiente,

la integración de un Poder Judicial autónomo  y de un Poder Electoral que asegure el transparente proceso comicial para que sean los ciudadanos los que elijan, sin manipulaciones que enturbien dicho proceso.