GABY ORAA
“¿De quién es este preso?”. Con esa pregunta han iniciado sus gestiones en los últimos años los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, al frente de la ONG Foro Penal. La organización ha defendido a más de 14.000 perseguidos, presos políticos y familiares de los asesinados en las primeras protestas contra el chavismo, las del 11 de abril de 2002. En su despacho se guarda parte de la memoria de dos décadas de violencia política y deriva autoritaria, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta dejar atrás, presionada por la intervención militar del 3 de enero en la que su antiguo jefe, Nicolás Maduro, fue sacado del poder.
Por Florantonia Singer / elpais.com
Un contingente de defensores como ellos —algunos abogados, otros no— ha estado en la primera línea del conflicto venezolano en los últimos años. Contienen a las víctimas, defienden, acompañan —incluso en noches de vigilia sobre una colchoneta—, verifican liberaciones, las celebran y también las denuncian. En 2026 no han dejado de trabajar ni de mirar el teléfono. El anuncio de excarcelaciones hecho por el Gobierno a principios de enero ha derivado en la liberación de 673 personas, según el balance presentado este jueves por Foro Penal. Pero aún quedan 508 detenidos: 54 mujeres, 179 militares y 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Desde el Parlamento aseguran que se han otorgado 6.071 libertades plenas con la ley de amnistía, pero nadie ha presentado listados que permitan verificarlo.
Los expedientes de presos políticos que lleva Foro Penal ocupan dos de los tres enormes archivadores que se mueven con una palanca en su oficina. Cuando Romero y Himiob hablan de su trabajo, trazan un mapa que va desde los vericuetos de la justicia venezolana de los primeros años del chavismo hasta el callejón sin salida en que se ha convertido hoy. “Es un laberinto kafkiano de la represión”, describe Romero. “La gente está sometida a un proceso que no sabe cuándo termina ni de qué se trata”.
El abogado recuerda que cuando defendió a algunos familiares de los asesinados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 —un caso que llegó recientemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos— todavía existía cierto respeto por las formalidades judiciales, incluido el derecho a la defensa. Fue ahí cuando conoció a Himiob. “Luego comenzó a restringirse el sistema de justicia penal hasta que llegamos al caso de la jueza María Lourdes Afiuni —a quien Hugo Chávez ordenó apresar por aplicar la ley y liberar a uno de sus enemigos políticos—. Desde entonces, ningún juez volvió a tomar una decisión sin consultar al Poder Ejecutivo”.
En 2014, el primer año de Maduro en el poder, comenzó el alud de detenciones. Apenas se contaban 11 presos políticos. Una década después, el número llegó a superar los 2.000, mientras la degradación del sistema judicial incluyó la negación de la defensa privada, la desaparición de detenidos y el ocultamiento de expedientes.
Entre escritorios y gruesos libros de derecho administrativo, una esquina del despacho de Foro Penal ha sido colonizada por osos de peluche. Esta pequeña área de juegos habla de la transformación que ha vivido el trabajo de estos abogados. El timbre de la oficina no deja de sonar y las esposas, madres, hijas y hermanas de presos políticos —que en su búsqueda de justicia también cargan con sus hijos— se han convertido en sus principales interlocutoras.
Foro Penal se ha convertido en una red de 400 abogados voluntarios en todo el país y cinco mil defensores activos que rastrean información en tribunales y cárceles. Eso les ha permitido llevar un registro detallado de 19.000 personas detenidas por motivos políticos en casi dos décadas.
Cuando a las defensas privadas ya no se les permitió litigar, la ONG documentó en un manual de litigio estratégico las claves para navegar en un sistema judicial viciado. “Que una persona salga en libertad no depende solo de que hagas bien tu trabajo como abogado”, explica Himiob. “También influyen lo mediático, la protesta pacífica, el factor político y las acciones internacionales”.
“Desde 2024 no nos permiten acceso a tribunales ni litigar”, agrega Romero. “Entonces nos propusimos dar asistencia a los familiares para que pudieran actuar ante distintas instancias: qué decir, qué no decir y qué documentos debían llevar”.
Sobre todo, es clave saber qué actor político es el “dueño” del preso: es decir, si fue el presidente, un ministro, un gobernador o un alcalde quien ordenó la detención. Para ellos, esa lógica evidencia la pérdida total de independencia judicial. Algo que, aseguran, la ley de amnistía aún no ha cambiado.