A partir de este jueves 19 de marzo, los ciudadanos se enfrentan a una realidad económica aún más asfixiante. Tras la publicación de la Gaceta Oficial N° 43.335, el Ministerio de Transporte formalizó el nuevo ajuste de tarifas, una medida que ha caído como un balde de agua fría sobre una economía familiar ya golpeada.
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Desde tempranas horas, las paradas de la entidad se convirtieron en escenarios de quejas y resignación, al tiempo de intercambios verbales entre transportistas y usuarios: los primeros exigiendo el pago completo del pasaje, y los segundos rechazando el aumento inconsulto.
Las nuevas tarifas establecen un monto mínimo de 100 bolívares para rutas cortas, mientras que los trayectos medios y largos oscilan entre los 120, 180 y hasta 250 bolívares. Este esquema rige de lunes a sábado, dejando para los domingos y días feriados un recargo adicional que varía entre los 20 y 50 bolívares.
Mientras tanto, la preocupación de los usuarios se debe a que con un salario mínimo estancado en 130 bolívares, los merideños denuncian que los bonos, aunque ajustados, se diluyen ante la inflación.
Para una persona que solo requiere dos viajes diarios en ruta corta, el gasto mensual asciende a 6.000 bolívares, una cifra que desborda cualquier presupuesto básico.
La situación se agrava para quienes residen en las periferia de la ciudad en municipios vecinos como Tabay (Municipio Santos Márquina), Ejido (Municipio Campo Elías) y Lagunillas (Municipio Sucre).
Si, además, deben movilizar a su núcleo familiar, el gasto diario puede superar fácilmente los 500 bolívares por persona.
Por su parte, el gremio de transportistas defiende la medida alegando que los costos operativos y el mantenimiento de las unidades son insostenibles.
De hecho, la tarifa de 100 bolívares quedó por debajo de los 120 bolívares que el sector había solicitado inicialmente.
Sin embargo, en medio de esta situación donde cada parte dice tener la razón, los estudiantes y adultos mayores levantan la voz para exigir que se respete el pasaje preferencial, un derecho que suele verse vulnerado en momentos de ajuste tarifario.
Lo que para el Ministerio de Transporte es una regulación necesaria y para los transportistas un alivio insuficiente, para el merideño común es un golpe directo a su capacidad de subsistencia en una ciudad de geografía accidentada y rutas extensas. El derecho a la movilidad se vuelve hoy un lujo que pocos pueden costear sin sacrificar el pan de la mesa.