Un grupo de expresos políticos y dirigentes sociales acudió este jueves a la sede de la Defensoría del Pueblo en el estado Monagas para introducir un documento de denuncia amparado en el artículo 281 de la Constitución. El escrito alerta de que más de 30 presos políticos en la entidad siguen tras las rejas, excluidos de los beneficios de la Ley de Amnistía y sumergidos en un «retraso procesal atroz» que vulnera sus derechos fundamentales.
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Entre los casos más críticos resaltados en el documento destacan los juicios «eternos» y la falta de sentencias, mencionando específicamente la situación de la familia Leyva (con casi ocho miembros detenidos) y el caso de Antonio Martínez.
Ángel Aristimuño, expreso político quien estuvo por un año detenido en una sede del PNB, exigió la instalación inmediata de una mesa técnica con expertos para revisar los expedientes, advirtiendo que la libertad de disentir no puede seguir siendo tratada como un delito en Venezuela.
“Hay personas que están injustamente detenidas, que tienen audiencias eternas, audiencias muy largas, sin sentencias, sin beneficios, sin un cambio de medida, y eso nos preocupa. Que en nuestro estado Monagas no haya debido proceso y no se esté avalando lo que es la debida amnistía. No solo vamos a dejar este documento aquí en la Defensoría del Pueblo, sino que en las próximas semanas estaremos acudiendo a distintos órganos correspondientes para que también se escuche la voz y el llamado de alerta que estamos generando”, declaró Aristimuño.
Aseguró que en la entidad oriental más de 35 presos políticos no han sido beneficiados con la Ley de Amnistía y son pocos los que han recibido libertad plena.
El dirigente político aprovechó la ocasión para denunciar el “atroz retraso procesal” que viven muchos presos comunes a quienes, a su juicio, no se les están respetando sus derechos judiciales, por lo que espera que la verdadera justicia empiece a reinar en los tribunales.
Por último, manifestó que la mayoría de los presos políticos tienen abogados públicos y no les permiten tener defensa privada, lo que limita considerablemente poder acelerar el proceso de la Ley de Amnistía.