El régimen de Irán ejecutó este jueves a tres hombres detenidos durante las protestas de enero de 2026, en los primeros ahorcamientos oficialmente reconocidos por las autoridades relacionados con esas manifestaciones. Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron colgados al amanecer en la prisión central de Qom, al sur de Teherán, tras ser condenados por moharebeh —enemistad contra Dios—, el delito capital que establece la sharia iraní, según informó la agencia judicial Mizan.
El caso que concentró mayor atención fue el de Mohammadi, que acababa de cumplir 19 años y era miembro del equipo nacional de lucha libre, con participación en competiciones internacionales. Fue condenado por su presunta implicación en la muerte de un agente de policía durante los disturbios del 8 de enero en Qom. Según la organización noruega Iran Human Rights (IHR), la condena se fundó en una confesión obtenida bajo tortura. Su abogado de oficio no logró que el tribunal admitiera las pruebas de descargo, incluidas imágenes de cámaras de vigilancia que, según los allegados del joven, no lo situaban en el lugar de los hechos.
Amnistía Internacional señaló que a Mohammadi se le negó una defensa adecuada y fue forzado a confesar en procedimientos tan acelerados que no se parecieron en nada a un juicio real. El monitor jurídico Dadban añadió que los tres condenados carecieron de acceso efectivo a abogados independientes y que, en esas condiciones, el uso de la pena de muerte equivale a una ejecución extrajudicial. Davoudi fue acusado de matar a dos policías con armas blancas; Ghasemi, de llevar a cabo acciones operativas a favor de Israel y de incitar a la violencia para desestabilizar el país, según la versión oficial.
Las ejecuciones se produjeron un día después de que las autoridades ahorcaran a Kouroush Keyvani, ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca, por espionaje en favor del gobierno israelí, el tercero ejecutado en 2026 por ese motivo, según IHR. La canciller sueca Maria Malmer Stenergard declaró que el proceso legal no fue jurídicamente sólido, y la Unión Europea también condenó la ejecución.
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