Los cambios realizados por la usurpadora Delcy Rodríguez no son una rectificación del sistema, sino una nueva operación de supervivencia. No estamos viendo una reforma del poder, sino una redistribución del poder entre los mismos factores que han sostenido la corrupción, la represión y la impunidad. El relevo de Vladimir Padrino por Gustavo González López —exjefe de inteligencia y funcionario sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, según Reuters y AP— y la amplitud de la reciente reestructuración ministerial muestran, más que una apertura, un esfuerzo por consolidar mandos leales y recomponer control interno.
Por eso, los nombramientos recientes deben leerse como parte de una misma receta: mover fichas para proteger al régimen, comprar tiempo y proyectar una falsa imagen de renovación. La designación de Tarek William Saab como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela y el paso del “magistrado” Carlos Alexis Castillo al Ministerio del Trabajo no hablan de cambio democrático, sino de reciclaje político y de colonización partidista de las instituciones. Cuando un operador del aparato represivo es “reubicado” y un “magistrado” salta al gabinete, lo que se confirma es la permanente erosión de la independencia institucional y la persistencia de un sistema que se protege a sí mismo.
Ese diagnóstico coincide con el material que ya tenemos acumulado. El manifiesto urgente de la Plataforma Social de más de 25 organizaciones sociales bajo el liderazgo del Programa de Organización Ciudadana, POC y la Confederación de Profesionales de Venezuela, CONFEPUV, advierte que en Venezuela se ha instrumentado una “maquinaria represiva” mediante el uso abusivo de fuerzas armadas y policiales y la instrumentalización del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública; además, identifica a varios de estos actores como funcionarios sancionados por la comunidad internacional. A ello se suma el análisis del Decreto 5.200, que describió con claridad el riesgo de suspensión del derecho a la protesta, militarización de la vida civil y criminalización generalizada de la disidencia.
Si ese es el cuadro, el país no puede esperar que el cambio venga desde dentro de la dictadura. La experiencia demuestra lo contrario. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y restricciones al espacio cívico, y recordó en marzo de 2026 que la represión y los crímenes de lesa humanidad continuaban en Venezuela. De allí que el error político más peligroso hoy sea suponer que basta con observar el reacomodo interno del régimen y aguardar que produzca una transición por inercia.
Ahora bien, tampoco puede ignorarse que existe un marco internacional en movimiento. El secretario de Estado Marco Rubio ha descrito la estrategia de Estados Unidos para Venezuela en tres fases: estabilización, recuperación y transición, con el objetivo final de llegar a una Venezuela “amigable, estable y próspera” que elija a sus autoridades mediante elecciones libres y justas. Ese esquema, guste o no, ya forma parte de la realidad política. Pero precisamente por eso surge la pregunta central: ¿cuál es el punto de equilibrio entre esas fases externas y la acción interna de la sociedad venezolana?
A mi juicio, el punto de equilibrio no está en escoger entre transición o protesta. Está en entender que la protesta social justa, organizada y pacífica es una fuerza que empuja, corrige y nacionaliza la transición. Si la sociedad se calla, la transición corre el riesgo de convertirse en un proceso tecnocrático, tutelado y distante del dolor real del país. Si, por el contrario, la protesta se articula con una agenda institucional, social y democrática, entonces deja de ser un estallido aislado y se convierte en el motor cívico que impide que la transición derive en simple administración del posmadurismo.
Las señales ya están en la calle. El 12 de marzo trabajadores universitarios marcharon hacia el Parlamento reclamando aumentos salariales; uno de los voceros resumió la tragedia diciendo que el salario de un trabajador equivale a unos centavos de dólar al mes, mientras dirigentes docentes denunciaron sueldos de entre uno y cuatro dólares mensuales. Reuters también reportó el resurgir del movimiento estudiantil, que hoy exige libertad para los presos políticos, derogación de leyes usadas para reprimir, elecciones libres y reinstitucionalización del Estado. Y para este lunes 23 de marzo de 2026 trabajadores y jubilados convocaron una nueva jornada nacional por salarios y pensiones dignas.
Eso significa que la calle no debe verse como una amenaza al proceso de transición, sino como su ancla moral y social. La pobreza, el colapso salarial, la inseguridad, la falta de servicios y la existencia de presos políticos no son asuntos secundarios que deban posponerse hasta una hipotética elección futura. Son el contenido mismo de la lucha democrática. En eso el Manifiesto de Libertad acierta al recolocar la dignidad, la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de reunión y la seguridad como ejes rectores de una nueva república; también al recordar que el gobierno debe servir a los ciudadanos, no servirse de ellos.
Por eso, desde el liderazgo social no podemos actuar como espectadores de una negociación entre factores de poder ni como simples comentaristas de los movimientos de Washington o de Miraflores. Lo que corresponde es construir transición desde abajo: organizar a trabajadores, estudiantes, gremios, iglesias, profesionales, familiares de presos políticos y comunidades; documentar cada abuso; sostener una exigencia unificada de salarios y pensiones dignas; reclamar la liberación inmediata de todos los presos políticos; defender la independencia judicial; y exigir que cualquier cronograma de renovación de poderes públicos desemboque en elecciones auténticas, verificables y con garantías.
La Plataforma Social, el POC, CONFEPUV y FAPI tienen allí una responsabilidad histórica. No solo deben denunciar: deben convertirse en articuladores de ciudadanía. La transición necesita aliados internacionales, sí; pero también necesita un sujeto nacional activo, consciente y organizado. Venezuela no puede limitarse a esperar que otros hagan la tarea. La protesta social, lejos de estorbar, debe acompañar el proceso, ponerle contenido venezolano, urgencia moral y dirección republicana.
En definitiva, el equilibrio es éste: apoyar toda fase que conduzca a la reinstitucionalización y a elecciones libres, pero sin suspender la presión cívica por salarios, libertades, justicia y liberación de presos políticos. La transición no será sólida si solo cambia nombres. Será verdadera cuando cambie la relación entre el poder y los ciudadanos. Y ese cambio no lo decretará la usurpadora Delcy Rodríguez, ni lo regalará ningún actor externo: lo impondrá un pueblo organizado que decida dejar de ser espectador para convertirse, de una vez por todas, en protagonista de su libertad.
Rafael Veloz García. Diputado 2015, Ex Pdte de la Federación de Abogados de Vzla y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, Washington, USA; Coordinador General de la Plataforma Social: POC – CONFEPUV – FAPI. Abogado Constitucionalista.