En una jornada marcada por la unidad y la exigencia de justicia laboral, diversas organizaciones sindicales y gremiales del estado Mérida se concentraron en las inmediaciones del rectorado de la Universidad de Los Andes (ULA).
Por LaPatilla.com
Representantes gremiales de Apula, Siprula, Aeula, FCU-ULA, Soula y otros gremios se concentraron en el rectorado para denunciar de manera pacífica lo que calificaron como «salarios de miseria» y exigir la restitución de los derechos fundamentales de los empleados públicos.
La dirigencia gremial coincidió que actualmente los derechos de los trabajadores de la administración pública están siendo vulnerados por la crisis económica y las políticas salariales vigentes.
La coalición intergremial, que agrupó a profesores, profesionales, personal técnico, empleados y obreros, manifestó de forma unánime la necesidad de rescatar el valor del trabajo.
Durante la actividad, los voceros enfatizaron que su lucha se fundamenta en la defensa del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual estipula que todo trabajador debe percibir un salario suficiente que le permita cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.
Además de la exigencia salarial, los manifestantes pusieron sobre la mesa puntos críticos como el pago de primas salariales dignas y el respeto irrestricto a las contrataciones colectivas, las cuales han sido desconocidas en los últimos años.
La dirigencia sindical advirtió que la precarización del sueldo no solo afecta la calidad de vida de las familias merideñas, sino que también atenta contra la operatividad de las instituciones públicas.
La jornada también sirvió para ratificar la defensa de la autonomía universitaria. Los trabajadores destacaron que la universidad no puede cumplir su rol transformador si su capital humano carece de las condiciones mínimas de subsistencia.
Con esta movilización, los gremios merideños envían un mensaje claro a las autoridades nacionales: la permanencia en las calles será la respuesta ante la falta de soluciones concretas que dignifiquen la labor de quienes sostienen el sistema educativo y administrativo del Estado.