Venezuela atraviesa un momento particular: no se trata de una sociedad rota, sino de una sociedad que, aun en medio de dificultades, ha desarrollado mecanismos de convivencia, cooperación y resistencia que no encuentran correspondencia en el sistema político. Este artículo propone una lectura de esa realidad a partir de los hallazgos recientes de organizaciones como el PNUD sobre cohesión social; de igual manera, a partir de algunos aportes teóricos contemporáneos, busca identificar por qué la transición sigue sin comenzar y cuál es el camino más seguro para encauzarla hacia la estabilidad y el cambio que se espera.
Los datos son claros: existe una disposición mayoritaria al diálogo, un rechazo sostenido a la violencia y una percepción extendida de que los conflictos del país son fundamentalmente políticos y no sociales. Esto configura una paradoja: la sociedad venezolana está más preparada para convivir que el propio sistema político para organizar esa convivencia. En términos prácticos, hay una base social que favorece acuerdos, pero no existen los mecanismos institucionales ni las condiciones políticas que permitan traducir esa disposición en decisiones concretas.
Desde una perspectiva teórica, esto puede entenderse como una crisis en la capacidad de comunicación política. Como advierte Jürgen Habermas, las democracias requieren espacios donde el diálogo no solo exista, sino que sea efectivo y respetado. En Venezuela, aunque la ciudadanía valora el entendimiento, el clima público está marcado por la desconfianza, el lenguaje confrontante y la baja interacción entre quienes piensan distinto. No es que la sociedad rechace el diálogo; es que no encuentra condiciones reales para ejercerlo.
Al mismo tiempo, se observa un fenómeno igualmente relevante: la reducción de lo político en la vida cotidiana. En línea con lo planteado por Hannah Arendt, cuando las personas se concentran en la sobrevivencia —familia, ingresos, estabilidad inmediata— la acción política se debilita. Esto no implica apatía, sino desplazamiento: la ciudadanía coopera y convive, pero no logra organizarse colectivamente para incidir en el rumbo del país. La consecuencia es una sociedad activa en lo social, pero limitada en lo político.
Este doble fenómeno, la dificultad para dialogar y la debilidad en la acción política organizada, explica por qué la transición parece detenida. A ello se suma un elemento crítico: el desfase entre los tiempos sociales y los tiempos políticos. Mientras la ciudadanía demanda respuestas y estabilidad en el corto plazo, la dinámica política avanza sin dirección clara ni sentido de urgencia. Esta desconexión no solo retrasa los cambios, sino que alimenta la frustración y el riesgo de que la disposición al acuerdo se erosione progresivamente.
Frente a este escenario, el reto no es construir cohesión social, porque ya existe, sino organizarla políticamente. En ese sentido, la vía institucional, y particularmente los procesos electorales, emergen como el mecanismo más idóneo para canalizar la conflictividad, alinear las expectativas y reconstruir la legitimidad. No se trata únicamente de votar, sino de generar un espacio donde la sociedad pueda expresarse, ordenar sus diferencias y producir decisiones reconocidas por la mayoría. Bien concebidas, las elecciones permiten transformar la disposición al diálogo en mandato político y abrir un camino de estabilidad.
Venezuela, por tanto, no parte de cero. Tiene una ventaja que muchos países en crisis no poseen: una sociedad que aún cree en la convivencia y en las soluciones pacíficas. El desafío es que esa energía no se diluya, sino que encuentre su cauce. La transición comenzará realmente cuando la política logre estar a la altura de la sociedad donde se desarrolla, cuando organice sus aspiraciones y cuando convierta su voluntad de acuerdos en resultados concretos. Ese es el punto de inflexión posible, y también el horizonte alcanzable.
IG,X: @freddyamarcano