Los tribunales del Reino de los Países Bajos y de sus antiguas colonias en el Caribe discuten sobre la legalidad de un procedimiento en el que funcionarios de la Guardia Costera mataron a un venezolano que capitaneaba un bote cargado con cocaína.
La acción policial fue reportada el 26 de julio de 2022 por la propia entidad naval curazoleña. En aquella oportunidad, se informó que la tripulación del buque Groningen interceptó una lancha rápida (go fast) en aguas internacionales. En la embarcación iban cinco personas. Al saberse detectadas, arrojaron por la borda una parte de la carga que trasladaban, presumiblemente a Curazao.
Los funcionarios dispararon contra el bote. Uno de los tripulantes recibió un tiro en la cabeza, y murió de inmediato. En el procedimiento, indica el reporte de los Guardacostas, fueron incautados 1.620 kilos de cocaína.
Esta muerte fue objeto de una investigación, llevada a cabo por la policía judicial curazoleña en forma independiente al expediente sobre el hallazgo del alijo de alcaloide.
Los registros judiciales indican que los cuatro sobrevivientes del caso fueron aprehendidos. El juicio correspondiente al tráfico de drogas se prolongó por dos años, hasta que en junio de 2024 se emitieron las condenas correspondientes por “complicidad” en el traslado del alijo, que llegaban hasta siete años de prisión.
Durante las averiguaciones se determinó que el peñero había zarpado el 25 de julio desde Punto Fijo, y que las cosas no ocurrieron tal y como fueron reportadas inicialmente por los guardacostas. Según el recuento, los funcionarios utilizaron dos lanchas auxiliares para aproximarse al peñero. Primero, los funcionarios hicieron disparos de advertencia, “y cuando estos resultaron ineficaces se obtuvo permiso para disparar a partes no vitales”. Fue entonces cuando impactaron al capitán de la lancha con droga.
Investigación de homicidio
Este caso tuvo escasa repercusión en los medios neerlandeses y de las islas del Caribe.
Uno de los enjuiciados es un venezolano de 37 años de edad, hermano del capitán fallecido. El también participaba en el traslado de los fardos con cocaína.
Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de los Países Bajos, el abogado de este venezolano Stijn Franken alegó que el procedimiento de intercepción fue ejecutado con “violencia excesiva”, sin que hubiese una proporción entre el uso de armas de fuego y el riesgo que representaban los marineros.
Al respecto, y con base en los videos de esta acción, precisó que se hicieron alrededor de cien disparos. Igualmente, objetó que el expediente sobre el decomiso de la cocaína no incorporara las actas de la averiguación sobre el homicidio del capitán. Este expediente fue instruido por el Departamento Nacional de Investigación Criminal.
Un tribunal de apelación de las islas rechazó en 2024 estos argumentos, incluso sin tomar en cuenta lo advertido por los litigantes, en cuanto a las “falsedades” presuntamente señaladas en el informe de los guardacostas, en torno a las circunstancias en que se produjo la muerte del venezolano.
“De lo anterior dedujo que el Departamento Nacional de Investigación Criminal investigó el incidente del tiroteo, pero que los sospechosos, incluido el hermano del capitán que fue abatido, y otros familiares no fueron informados de los hallazgos del Departamento Nacional de Investigación Criminal. Es palpable que la falta de información al mundo exterior ha generado preguntas, dudas y enfado, no solo entre ellos, sino también en la sociedad en general”, indica la sentencia del magistrado Vincent van den Brink.
Sin embargo, el Tribunal Supremo se abstuvo de ir más al fondo del asunto, al detectarse que en este caso se había presentado un retardo procesal injustificado, por lo que anuló la sentencia emitida por el juzgado de apelación, solamente en lo referido al tiempo de prisión. Ahora, la sentencia para los coacusados será de 6 años y 8 meses tras las rejas.