Una coalición de organizaciones de la sociedad civil venezolana, defensores de derechos humanos y grupos ambientalistas advirtió que un proyecto de Ley Orgánica de Minas en discusión en la Asamblea Nacional “institucionalizaría el ecocidio” y podría facilitar el blanqueo del llamado “oro de sangre”, en momentos en que el sector de recursos del país se abre a la inversión extranjera en medio de una transición política respaldada por Estados Unidos.
Por Antonio María Delgado | El Nuevo Herald
El proyecto se discute en un panorama político profundamente alterado tras la captura el 3 de enero del ex hombre fuerte Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas antes del amanecer, una acción que desencadenó una frágil transición ahora moldeada de cerca por la administración Trump.
Ese giro ha dado paso a una nueva etapa de cooperación entre Washington y el liderazgo socialista que permanece en Venezuela, con los sectores petrolero y minero abriéndose cada vez más a empresas estadounidenses como parte de un reordenamiento económico más amplio.
En un comunicado público fechado el 23 de marzo, más de una docena de organizaciones venezolanas señalaron que el proyecto avanza en medio de “violaciones sistemáticas de derechos sociales y ambientales” y un debilitamiento del marco constitucional y legal del país.
Lejos de fortalecer la supervisión del sector minero, la propuesta “otorgaría un barniz de legalidad al saqueo sistemático en curso de la Amazonía y del Escudo Guayanés”, afirmaron los grupos, advirtiendo que podría agravar la destrucción ambiental y los abusos en las regiones ricas en minerales del sur de Venezuela.
La advertencia se produce en momentos en que organizaciones ambientales aseguran que el daño a la porción venezolana de la Amazonía ya ha alcanzado niveles alarmantes. Según SOS Orinoco, una de las organizaciones firmantes, la minería y actividades asociadas han devastado más de 2.7 millones de acres entre 2000 y 2024, con gran parte de la destrucción acelerándose en los últimos años.
El grupo estimó a comienzos de 2025 que más de 3.2 millones de acres de selva virgen se perderían para finales de ese año, y que la devastación total superaría los 3.7 millones de acres para 2030.
El auge de la actividad minera se remonta en parte a un decreto gubernamental de 2015 que creó el Arco Minero del Orinoco, una vasta zona de explotación que desató una fiebre del oro comparable a la de California a mediados del siglo XIX. Impulsados por el prolongado colapso económico del país, decenas de miles de personas han migrado desde centros urbanos hacia regiones remotas del sur para trabajar en operaciones mineras a pequeña escala, a menudo ilegales.
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