La necesidad de instituciones independientes, la restitución de la descentralización, el cese de la persecución política y la recuperación del espacio cívico fueron los ejes centrales del conversatorio “Transición con temple y visión de mujer”, realizado en la Universidad Central de Venezuela y organizado por la Plataforma Unitaria Democrática.
El encuentro reunió a representantes de la PUD, ex presos políticos, dirigentes estudiantiles y autoridades universitarias, quienes escucharon las intervenciones de Delsa Solórzano, Deyalitza Aray, Adriana Pichardo, Andrea Tavares y la moderación de la periodista y activista por los derechos de la mujer, Paola Hernández, representante del partido Convergencia.
Delsa Solórzano, presidente de Encuentro Ciudadano, sostuvo que la justicia es una condición previa para cualquier proceso electoral competitivo.
“Para que se produzca un proceso electoral justo, libre y plenamente competitivo es necesario que el árbitro y el juez no sean parte del esquema de persecución”, afirmó.
Señaló que las designaciones de los Poderes Públicos deben ajustarse a la Constitución y que es urgente elegir un Fiscal General y un Defensor del Pueblo “que protejan al ciudadano, no al poder”. También pidió derogar la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG. “Es imposible hacer campaña electoral si los activistas son tratados como si fueran terroristas”, dijo.
La directora nacional de política de Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, advirtió que el centralismo ha revertido competencias que antes estaban en manos de estados y municipios.
“La descentralización no es compatible con el ejercicio autoritario y centralista del régimen”, afirmó. Explicó que devolver la gestión de servicios como agua y electricidad a las regiones permitiría respuestas más rápidas y soluciones adaptadas a cada territorio.
“Este cambio de paradigma aceleraría la recuperación porque favorece la especificidad técnica y la vigilancia del uso de los recursos”, señaló.
Adriana Pichardo, coordinadora política de Voluntad Popular, destacó que la estabilización política requiere acciones sostenidas y acompañamiento interno y externo. “La ventana de oportunidad que se abrió el 3 de enero es real, pero también es frágil”, afirmó.
Recordó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó la continuidad de la persecución política tras las elecciones del 28 de julio.
“Las detenciones arbitrarias no vienen solas; este patrón incluye desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e incluso violencia sexual”, señaló. Aseguró que existe “indiferencia de los tribunales” y “complicidad activa” del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Andrea Tavares, secretaria nacional de La Causa R, explicó que el espacio cívico es el entorno que permite la participación ciudadana en la vida pública.
“Es el aire que respira una democracia: cuando el espacio cívico es amplio, la sociedad es libre y vibrante; cuando se reduce, la democracia se asfixia”, afirmó. Indicó que en Venezuela existe un cerco sistemático que ha reducido ese espacio. “No solo se ha perseguido a partidos políticos; también se han asfixiado sindicatos, se han criminalizado gremios y se ha intentado silenciar a las organizaciones sociales”, dijo.
Las ponentes coincidieron en que la reconstrucción institucional, la restitución de derechos y la reapertura del espacio cívico son condiciones indispensables para cualquier transición democrática.
