La presentación al país del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje (CIIAM), abre una ruta seria para atraer inversión, reducir riesgo y reconstruir confianza.
Este sábado 28 de marzo fue presentado al país, ante actores vinculados al Comando Con Vzla y a la sociedad profesional organizada, el Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje, CIIAM, como propuesta de justicia internacional en materia de inversión y comercial para la nueva Venezuela. La iniciativa está impulsada por la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, CONFEPUV, bajo la representación venezolana de los abogados Rafael Veloz García y Ramón Aguilar Camero. En el acto participaron Henry Alviarez y Pedro Urruchurtu, coordinadores de organización e internacional, en su orden, del Comando Con Vzla. Acompañan la propuesta de CONFEPUV, la Plataforma Social conformada por más de 25 organizaciones de dentro y fuera de Venezuela, con el liderazgo del Programa de Organización Ciudadana, POC y el Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI.
No se trata de un anuncio ornamental. Se trata, en realidad, de una pieza estratégica para la reconstrucción nacional. Venezuela no solo necesita un cambio político; necesita también un sistema confiable para resolver controversias comerciales y de inversión con reglas claras, árbitros competentes, procedimientos modernos y respeto efectivo de los laudos. Sin esa base, no hay gran inversión posible. Puede haber visitas, reuniones, exploración de oportunidades o anuncios rimbombantes; pero capital estable, empleo sostenido y desarrollo productivo de largo plazo solo llegan cuando existe seguridad jurídica.
El anuncio no puede ser más oportuno. Venezuela salió del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el año 2012. Desde entonces, el país arrastra un déficit estructural de confianza para los inversionistas, agravado por la destrucción del sistema de judicia, ocupado por el Cartel de los Soles y la delincuencia organizada internacional.
Por eso el valor del CIIAM va mucho más allá del mundo jurídico. Su importancia es económica, política e institucional. En marzo de 2024, el CIAM y el CIAR (sistema arbitral europeo e iberoamericano, respectivamente, formalizaron una alianza estratégica para crear una institución arbitral de referencia en Iberoamérica, con sede en Madrid, San José de Costa Rica y Sao Paulo, Brasil, de proyección regional. En ese esquema, el CIAR integró su actividad arbitral a la nueva institución, hoy denominada CIIAM, con el propósito de ofrecer administración de arbitrajes internacionales con enfoque iberoamericano e internacional.
Además, el componente iberoamericano no es retórico. El CIAR ha estado vinculado desde su nacimiento a la COMJIB y a la SEGIB, que son dos de los organismos más importantes del Sistema Iberoamericano. La primera es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, que busca mejorar la justicia y favorecer la cooperación jurídica internacional, y la segunda es el órgano de apoyo de la Conferencia Iberoamericana que coordina las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. La propia documentación de la COMJIB destaca que la creación del CIAR fue promovida por la COMJIB y la SEGIB, mientras la SEGIB ha seguido respaldando el proceso de alianza entre CIAR y CIAM.
Esa arquitectura importa porque los inversores serios no observan únicamente la riqueza del subsuelo, el tamaño del mercado o el costo de entrada. Observan, sobre todo, el modo en que un país resuelve sus conflictos. Y allí Venezuela tiene las peores calificaciones del mundo. El país necesita volver a ofrecer algo elemental en cualquier economía moderna: que un contrato se cumpla, que una controversia pueda resolverse con imparcialidad y que el poder político no sea juez y parte.
En ese sentido, la presentación del CIIAM al país conversa directamente con la visión de futuro expuesta por María Corina Machado en los últimos días. CERAWeek anunció oficialmente que la Premio Nobel de la Paz, llevaría a Houston una visión de Venezuela como socio energético confiable y “investment-grade” para el hemisferio occidental, fundada en certeza legal, gobernanza transparente y apertura de mercado. Reuters reportó luego que, en su intervención y entrevistas, Machado insistió en que la confianza del inversionista requiere Estado de Derecho, instituciones independientes, respeto a los contratos y acceso a arbitraje internacional, junto con una mayor apertura al sector privado.
Allí está, precisamente, el punto de fondo. La nueva Venezuela no puede limitarse a ofrecer petróleo, gas, minerales o ubicación geográfica. Debe ofrecer reglas. Debe ofrecer garantías. Debe ofrecer una plataforma seria para que el capital internacional sepa que no entrará en una selva regulatoria ni en un terreno confiscable a capricho del poder. La inversión extranjera responsable no huye del riesgo económico; huye del riesgo arbitrario.
El propio manifiesto político de María Corina Machado ya había adelantado esa dirección al reivindicar la propiedad, la libertad económica, el papel del sector privado y la aspiración de convertir a Venezuela en un centro energético y de innovación del hemisferio. Ese lenguaje no es accesorio. Es la traducción política de un principio económico básico: sin libertad económica protegida por instituciones confiables, la prosperidad es inviable.
Por eso la propuesta presentada por CONFEPUV, en articulación con sectores de la abogacía organizada y con interlocución ante el Comando Con Vzla, merece ser vista como una contribución concreta a la transición. No es una tesis abstracta. Es una respuesta práctica a una pregunta urgente: ¿cómo ofrecer, desde el primer día de la reconstrucción, un mecanismo internacionalmente respetable para canalizar controversias comerciales y de inversión? El material de base de esta presentación sostiene justamente que Venezuela necesita un lugar confiable para resolver diferencias entre actores económicos de distintas nacionalidades, y que esa carencia hoy representa una inmensa desventaja competitiva.
También hay aquí una dimensión continental. La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, (UIBA), organización fundada por las abogacías de 22 países iberoamericanos, representa una tradición gremial que entiende que la defensa del derecho no termina en las fronteras nacionales. Su presencia en esta discusión es coherente con una visión en la cual los colegios y agrupaciones de abogados no son meros observadores, sino parte del músculo institucional de la democracia y de la seguridad jurídica.
Dicho sin rodeos: si Venezuela aspira a recibir grandes flujos de inversión en energía, infraestructura, telecomunicaciones, agroindustria, servicios, tecnología y reconstrucción urbana, necesita demostrar que ha entendido la lección de su colapso. El capital no pide favores; pide certidumbre. No pide propaganda; pide instituciones. No pide discursos de ocasión; pide tribunales confiables, arbitraje serio y reglas previsibles.
CIIAM puede convertirse, en ese contexto, en una de las herramientas más útiles para el renacimiento venezolano. No sustituye a la justicia nacional que habrá que reconstruir. No reemplaza la obligación de reconstituir tribunales independientes, fiscalías profesionales y normas estables. Pero sí puede ofrecer, desde ya, una puerta de entrada a la confianza y un puente entre Venezuela y la comunidad empresarial internacional.
En otras palabras, esta presentación llega a tiempo. Llega cuando la discusión sobre el futuro del país ya no puede agotarse en la denuncia del desastre, sino que debe entrar en la fase de las soluciones. Llega cuando el país necesita mostrar que sí existe pensamiento institucional para la transición. Y llega cuando la conducción democrática tiene la obligación de enviar una señal inequívoca a los mercados, a los organismos internacionales y a las empresas del mundo: en la nueva Venezuela, el derecho volverá a ser la base de la economía, y no su víctima.
Ese es el mensaje verdaderamente poderoso de esta iniciativa. No solo que Venezuela quiere inversión. Es que quiere inversión con reglas, con arbitraje serio, con seguridad jurídica y con una vocación clara de reinserción internacional. Allí reside su oportunidad histórica. Y también su urgencia.
Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación de Abogados de Vzla y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, Pdte Fundador de CONFEPUV, Diputado AN 2015. Abogado Constitucionalista