Los venezolanos transitamos, desde el pasado 3 de enero, un tortuoso camino hacia la transición: de la dictadura a la democracia; de la sumisión a intereses bastardos, a la recuperación de nuestra soberanía; del Estado forajido, a la República. Se trata de un camino lleno de dificultades y riesgos, que puede conducirnos a alcanzar esos objetivos, pero que también puede verse obstaculizado hasta detener —e incluso abortar— nuestro avance.
Quienes luchamos por una patria moderna, democrática, justa, productiva, próspera y segura debemos mantener firme la meta, comprender la realidad y tener claridad en el objetivo.
El camino a la transición comenzó gracias a la acción militar de Estados Unidos. Sin embargo, aún no hemos iniciado, propiamente, una transición. Los herederos de Nicolás Maduro, en la usurpación de los poderes públicos, no han dado los pasos observados por convicción democrática ni por una genuina voluntad de cambio del modelo político y económico impuesto a sangre y fuego por Hugo Chávez y el propio Maduro.
No es que Delcy y Jorge Rodríguez hayan asumido ahora valores democráticos. No es que se hayan convertido al humanismo ni que actúen movidos por compasión hacia los presos y perseguidos políticos. Tampoco es que hayan comprendido los efectos devastadores del estatismo y estén impulsando una economía de mercado. Nada de eso ha ocurrido.
Han liberado a más de 500 presos, han destituido al fiscal general, han reconfigurado la cúpula militar, han aceptado la presencia de funcionarios del gobierno estadounidense, y han redirigido el flujo petrolero —antes orientado hacia Cuba y China— hacia Estados Unidos. Todo ello responde a una amenaza directa: la posibilidad de que se les aplique la misma fórmula que se utilizó contra Maduro. La cúpula roja ha capitulado, buscando salvar su situación y, sobre todo, ganar tiempo para intentar, si les es posible, mantenerse en el poder.
Hemos avanzado, sin duda, en el desmontaje de la dictadura, pero aún queda un largo trecho por recorrer. La captura y sometimiento a la justicia del dictador constituye un paso significativo, así como los avances descritos. Podría afirmarse que, en un sentido amplio, estamos en una transición; pero, en sentido estricto, aún no hemos llegado a ese escenario.
La transición será una realidad cuando se instale un gobierno con auténticas convicciones democráticas, capaz de impulsar un cambio profundo del régimen corrupto e ineficaz instaurado por el socialismo del siglo XXI.
Este proceso implica transformar radicalmente la cultura de la administración pública: simplificar su tamaño, redefinir su funcionamiento y reformar sus valores y prácticas. Se trata de pasar de una administración autoritaria, corrupta e ineficiente, a una administración democrática, eficiente y moralizada.
Ello exige, en paralelo, un cambio del modelo económico, no un simple maquillaje en el sector petrolero. Para lograrlo, es necesario desmontar el Estado policial, que no solo viola los derechos ciudadanos, sino que además interviene de manera abusiva en los procesos productivos y en la economía en general. Solo así se podrá atender en paralelo la tragedia humanitaria que padecemos.
Una transición, ante todo, debe ser la partera de una nueva institucionalidad: de un verdadero Estado democrático, federal y de justicia. El chavismo instauró un Estado centralista, militarista, presidencialista y estatista.
La democracia no se reduce a la elección de un nuevo gobierno, aunque es indispensable iniciar la transición mediante la toma del poder ejecutivo por la vía del voto ciudadano. Tampoco basta con elegir una nueva Asamblea Nacional, aun cuando esta pudiera ser legítima y legal.
Es necesario ir al fondo y transformar el modelo de Estado consagrado en la Constitución de 1999. Lo ideal sería convocar una Asamblea Constituyente que asuma ese desafío, integrada por venezolanos claramente comprometidos con esos valores y con esa visión de país.
La transición deberá asumir, como tarea esencial, la construcción de un verdadero sistema de justicia: un poder judicial auténticamente independiente; un Tribunal Supremo que recupere su majestad, donde el control de la constitucionalidad no sea monopolio de una instancia privilegiada, sino una competencia de su sala plena, ejercida conforme a los principios del Estado democrático de derecho.
Asimismo, deberá establecer un sistema político basado en pesos y contrapesos. Es fundamental reducir la preeminencia de la Presidencia de la República, hoy convertida en un suprapoder, mediante la limitación de sus competencias. Debe garantizarse la alternancia en el poder, consagrando la no reelección presidencial y estableciendo un período de cinco años.
Para asegurar ese equilibrio, es imprescindible construir un Parlamento sólido, con mayores y más amplias competencias. De allí la necesidad de restablecer el bicameralismo: un Congreso con Cámara de Senadores y Cámara de Diputados ha demostrado ser más representativo y robusto que la actual Asamblea unicameral, concebida para facilitar el control absoluto del poder.
Solo mediante el equilibrio entre los poderes públicos y el establecimiento de un verdadero federalismo será posible alcanzar una nueva democracia. Cumplidos esos objetivos podríamos decir: hemos recorrido el camino a la transición, la hemos implementado y hemos sentado las bases para vivir una democracia para los próximos siglos.