En el marco del Día de Concientización sobre el Autismo, resulta imprescindible dirigir la mirada hacia una realidad que permanece sistemáticamente invisibilizada: la situación de las personas con trastornos del espectro autista (TEA) dentro de los centros de detención en Venezuela.
En contextos de privación de libertad, las personas con condiciones del neurodesarrollo enfrentan riesgos agravados derivados de un sistema penitenciario que no está preparado para comprender ni atender sus necesidades específicas. La ausencia de medidas diferenciadas, de protocolos adecuados y de personal capacitado configura un escenario de vulnerabilidad estructural.
Las características propias del espectro autista, como formas particulares de comunicación, hipersensibilidad sensorial o dificultades en la interacción social, pueden ser malinterpretadas dentro del entorno carcelario.
En muchos casos, estas conductas son asumidas como actos de desobediencia o indisciplina, lo que puede derivar en sanciones arbitrarias, aislamiento o incluso situaciones de violencia física o psicológica.
La falta de ajustes razonables dentro de los centros de detención agrava esta situación. Las rutinas rígidas, el hacinamiento, los niveles elevados de ruido y la ausencia de espacios adecuados pueden generar crisis o desregulación en personas con autismo, sin que exista una respuesta institucional adecuada para contenerlas o acompañarlas.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con respeto a su dignidad y que el sistema penitenciario debe atender sus necesidades individuales, incluyendo aquellas relacionadas con su salud física y mental.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados a garantizar ajustes razonables y a proteger a las personas con discapacidad frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En esta misma línea, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecen que el Estado debe adoptar medidas específicas para grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo aquellas personas con condiciones que requieran atención diferenciada.
Sin embargo, en la práctica, el sistema penitenciario venezolano carece de políticas públicas orientadas a garantizar estos estándares. La inexistencia de lineamientos específicos, así como la falta de formación del personal penitenciario, profundizan un contexto en el que las personas con autismo quedan expuestas a dinámicas de castigo, incomprensión y abandono institucional.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se advierte que la omisión del régimen frente a esta realidad no solo perpetúa condiciones de vulneración, sino que evidencia una falla estructural en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La forma en que el sistema de justicia responde o decide ignorar estas realidades refleja el nivel de compromiso institucional de sus responsables. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial tienen la obligación de garantizar derechos, no de profundizar su vulneración.
Es por ello que su inacción frente a estas situaciones no solo compromete la integridad de las personas privadas de libertad, sino que deja en evidencia las graves deficiencias de un sistema que hoy está lejos de cumplir con los estándares mínimos de justicia y humanidad.
Nota de prensa