Venezuela no solo padece una crisis política; atraviesa una fase de descomposición acelerada bajo lo que hemos denominado la dictadura interina del «rodrigato». Mientras el régimen intenta maquillar la realidad con retórica de normalización, el país profundo se desmorona entre la desidia, la opacidad y el hambre. El caos está vigente y, lo más grave, con tendencia a agudizarse.
La tragedia es tangible y tiene nombres geográficos. En Cumaná, el pueblo agoniza por la sed ante una emergencia hídrica sin precedentes; el agua, un derecho humano básico, ha desaparecido de las tuberías. En Barinas, el retroceso es medieval: el brote de fiebre amarilla es la prueba fehaciente de un sistema de salud pública desmantelado que no puede garantizar ni la prevención más elemental. Venezuela, que alguna vez erradicó enfermedades endémicas, hoy vuelve a padecer males propios del siglo XIX. Ese es el tamaño del desastre.
A esta crisis sanitaria se suma una burla cruel: las toneladas de medicinas e insumos enviados por los Estados Unidos no llegan a las manos de quienes las necesitan. ¿Dónde están esos suministros? Nadie responde. ¿Dónde están los dólares de la venta del petróleo de estos últimos meses? ¡Se esfuman! Mientras los contratos de hidrocarburos se firman en la más absoluta oscuridad, beneficiando a las mismas élites de siempre y ahora a “sus nuevos mejores amigos”. La opacidad sigue siendo la política oficial de quienes administran “como un botín” lo que queda del Estado venezolano.
Al igual que nadie rinde cuentas sobre los 700 mil millones de dólares saqueados a la nación. No estamos hablando del “robo del siglo”. ¡No! Estamos hablando del saqueo más descomunal de la historia contemporánea. Se pillaron miles de millones de petrodólares, se embolsillaron los recursos del llamado “Fondo chino” y asumieron una deuda gigantesca para financiar proyectos que terminaron en la cañería de las corruptelas. Es el gran misterio de la cleptocracia, que no ha cesado y que ahora tiene forma de interinato. La orgía continúa, con nuevo formato, pero con los mismos actores que acumulan más de 27 años gozándose los dividendos del país. Esos impostores que tienen la osadía de fingir inocencia ante la administración de Washington con el grito de “yo no fui”.
Los trabajadores y pensionados siguen en las calles reclamando un ajuste digno de salarios y pensiones que el régimen les niega sistemáticamente. La realidad económica es tan dantesca que hoy ocurre un fenómeno humillante: un ciudadano común utiliza todo lo que gana en una jornada solo para pagar el pasaje de ida a cualquier punto de Caracas, quedando a la deriva, sin dinero para costear el boleto de regreso a su hogar. La ciudadanía se arma de coraje y retoma las calles del país; más de 200 protestas se han registrado en pocos días, manifestaciones que exponen en carne viva los estragos de esa cruda realidad en la que la inflación —la más alta del mundo— los está pulverizando.
Y mientras el pueblo sobrevive en la miseria, las mazmorras siguen llenas. No liberan a los presos políticos, usándolos como fichas de canje en una geopolítica de la crueldad. Más de quinientos presos políticos permanecen encarcelados. En las últimas horas, el Observatorio Venezolano de Prisiones alertó sobre el traslado de decenas de detenidos por motivos políticos desde el Centro Penitenciario de Yare al Internado Judicial del Rodeo. Eso confirma lo que hemos advertido una y otra vez: la llamada ley de amnistía no se plantea para remediar el daño infligido a seres humanos privados injustamente de su libertad, es una maniobra para blanquearse, para simular que han cambiado, que han ensayado un acto de exorcismo para sacarse de encima los espíritus autoritarios de Chávez y de Maduro.
Lo insólito es que voceros del “rodrigato” se atreven —en tono solemne y con un desparpajo propio de quienes han hecho del cinismo un método de comunicación— a exigirle a quienes denuncian estos abusos que se abstengan de protestar, que guarden silencio, que “cierren la boca”. Es la naturaleza de los intolerantes, de los que no admiten disidencia y se irritan con cualquier crítica, mucho más con las protestas que ponen en evidencia la verdad cotidiana de cualquier familia venezolana: sin trabajo digno, sin comida suficiente, sin agua potable, sin electricidad estable, sin transporte público adecuado, rodeados de hospitales y escuelas destartaladas.
La catástrofe no se detendrá con pañitos calientes ni con elecciones amañadas. Se agudiza porque quienes ostentan el poder han decidido que su supervivencia vale más que la vida de millones de venezolanos. La comunidad internacional no puede apartar la mirada: Venezuela no se ha arreglado; Venezuela está siendo saqueada hasta los huesos. La brecha entre la cúpula del “rodrigato” y el ciudadano común es hoy un abismo moral, social y económico.
Pero conviene decirlo con claridad: los venezolanos no se han rendido. Este pueblo ha demostrado una resiliencia extraordinaria y seguirá al pie del cañón hasta rescatar la democracia, la libertad y la dignidad de la República. Porque la historia ha demostrado que las tiranías pueden prolongarse, pero nunca son eternas.
La catástrofe no se detendrá con pañitos calientes ni con elecciones amañadas. Se agudiza porque quienes ostentan el poder han decidido que su supervivencia política vale más que la vida de millones de venezolanos. Esa es la tragedia: el poder convertido en un mecanismo de supervivencia de una élite y no en un instrumento para el bienestar de la nación.
La comunidad internacional no puede apartar la mirada ni seguir administrando la crisis venezolana como si se tratara de un expediente más en los archivos diplomáticos. Lo que ocurre en Venezuela no es una simple crisis económica ni una disputa política doméstica; es una catástrofe humanitaria provocada por un sistema de poder que ha destruido instituciones, ha empobrecido a un país rico y ha expulsado a millones de ciudadanos de su propia tierra.
Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional tienen en sus manos informes, testimonios, expedientes y pruebas suficientes para comprender que en Venezuela no hay normalidad institucional, que no hay justicia independiente y que no hay garantías para los derechos humanos. No se trata solo de emitir comunicados o resoluciones; se trata de actuar conforme al derecho internacional y a los principios democráticos que esas instituciones dicen defender.
Porque mientras en los salones diplomáticos se discuten informes y se redactan resoluciones, en Venezuela la gente se muere en los hospitales, los niños se acuestan sin comer, los maestros abandonan las aulas porque sus salarios son paupérrimos, los jubilados hurgan en la basura y los presos políticos siguen encerrados como rehenes de una geopolítica de la crueldad. Conviene decirlo sin rodeos: la crisis venezolana no es una tragedia natural, es una tragedia política provocada por la corrupción, el autoritarismo y la impunidad. Y mientras no haya justicia, mientras no haya rendición de cuentas, mientras no se restablezca el Estado de Derecho, la catástrofe seguirá profundizándose.
Pero también conviene decirlo con la misma claridad: la historia no la escriben las tiranías, la escriben los pueblos que resisten. Y el pueblo venezolano ha demostrado que, a pesar del hambre, de la persecución y del exilio, no se ha rendido ni se rendirá. Venezuela no necesita maquillaje político ni narrativas de normalización. Venezuela necesita libertad. Venezuela necesita justicia. Venezuela necesita democracia.
Y esa será la verdadera reconstrucción nacional: la que se levante sobre las ruinas de la corrupción, sobre la derrota del autoritarismo y sobre la dignidad de un pueblo que ha decidido no rendirse.
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