Ramon Espinosa (AP)
Abrazos, lágrimas, maletas, madres e hijos. Las imágenes de las primeras excarcelaciones de presos tras el anuncio del Gobierno cubano el jueves por la noche del mayor indulto en una década, con 2.010 beneficiados, son una pequeña grieta en la oscuridad de un sistema penitenciario y represivo que no ha dejado de actuar, ni siquiera en estos dos últimos meses en los que la presión de Estados Unidos hacia la isla, en forma de cerco petrolero, casi ha paralizado la economía del país.
Por El País
Las excarcelaciones se producirán en las próximas horas o días, pero no hay un listado de nombres para analizar cuántos de esos indultados son presos políticos. La organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, calcula que hay 1.214 personas en esta situación en Cuba, es decir, que fueron encarceladas por expresar sus ideas o críticas hacia el Gobierno, que a su vez niega que en sus cárceles haya presos de conciencia. Esta opacidad permea todo el sistema, en el país con más condenas por detención arbitraria del mundo, según el dictamen de un grupo de trabajo de Naciones Unidas.
Las diferentes organizaciones que velan por derechos de los presos se mostraron cautas ante el anuncio del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que se produce en medio de la presión extrema de Washington y una vía de diálogo que no se sabe en qué términos se está desarrollando. Por eso a Manuel Cuesta Morúa, un líder opositor cubano que vive en La Habana, y que ha pasado muchas veces por comisaría, no le extraña el procedimiento dilatado de las excarcelaciones ni la falta de transparencia. “El gobierno siempre trata de ir soltando de a poco, justo para no alimentar tanto la idea de movimiento como para enviar el mensaje de que están en control, no desesperados, algo que parecería si liberase a todos de una vez y por oleadas masivas”, explica. En su opinión, este gesto que el régimen publicita como “humanitario y soberano” está vinculado a la negociación con Washington “para relajar la presión”, algo que ya se ha hecho en anteriores ocasiones, puesto que los presos políticos son “la principal moneda de cambio” del Gobierno cubano en la negociación de conflictos.
Cuesta Morúa forma parte de la plataforma Foro Acción Amnistía 2026, nacido en febrero y compuesto por más de 50 organizaciones civiles, que pide que los presos políticos sean una prioridad en el diálogo entre Washington y La Habana, que haya una amnistía y se “despenalice el ejercicio de los derechos para cerrar la puerta giratoria”. Con esto se refiere a que, conforme salen unos de prisión, van entrando otros en un círculo represivo. “De este modo el tema de los derechos humanos y la liberación dejan de ser moneda de cambio y dejan de estar supeditados a intereses de Estado y al juego geopolítico”, añade.
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