Los economistas hemos venido insistiendo en la imperiosidad que tiene para Venezuela sanear sus instituciones para poder acceder a significativos préstamos de los organismos multilaterales. Sin ello será muy difícil solventar los desequilibrios fiscales y monetarios que alimentan a la inflación, ni se podrá financiar la reforma profunda que requiere el Estado para ejercer eficientemente su función central de proveedor de bienes públicos –entre ellos, la seguridad y defensa de la soberanía nacional– y como coordinador de políticas económicas. Montado, claro está, sobre un entramado de derechos que garanticen la libertad y la información necesarias para motivar la iniciativa y el esfuerzo de los venezolanos en la reconstrucción de su país. Un generoso préstamo internacional es fundamental para lograr tasas de crecimiento capaces de sacar a la población de la miseria a la que fue arrojada por el régimen de Maduro, en el menor tiempo posible. Porque la devastación ha sido descomunal.
Pero, como tanto se ha alertado, ningún ente financiero le prestará a un país cuyas instituciones no garanticen el reembolso de ese dinero. Además, Venezuela cercenó su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2004, por negarse a la supervisión anual que estipula el artículo IV de su convenio constitutivo. Luego, con las irregularidades cometidas en los comicios de 2018, el FMI desconoció a Maduro como presidente legítimo, al igual que más de 50 países. Con el Banco Mundial, la relación está congelada a raíz del retiro de Venezuela, en 2012, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), carece de voz por morosa y una situación parecida ocurre con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Soslaya todo esto la opacidad extrema de las cuentas públicas y sobre el desempeño real de la economía, que impide una evaluación confiable y certera sin la cual nadie arriesgaría sus capitales. Finalmente, Venezuela se encuentra en default con sus acreedores desde 2017 y su deuda externa es hoy impagable. Acceder a los mercados financieros amerita la reconstrucción profunda de esta deuda.
Pues, parece que algo de esto le está llegando al interinato de Delcy, incitado, seguramente, por sus nuevos jefes..Se rumoran intercambios técnicos con el FMI y el BCV ha empezado a publicar algunas cifras sobre la economía real –largamente postergadas–, condicionado, quizás, al levantamiento de las sanciones de la Tesorería de EE.UU. La publicación de las variaciones del PIB por sectores hasta 2025 puede empalmarse con series anteriores y, junto a la Balanza de Pagos hasta ese mismo año, permite aproximarnos, aunque sea parcialmente, a la actual situación de la economía venezolana.
Un rápido examen del PIB a precios constantes revela lo que ya se estimaba de forma independiente. La actividad económica llegó a reducirse, para 2020, a solo la cuarta parte de la que fue en 2013. El mayor colapso económico conocido en tan poco tiempo, de un país que no haya estado en guerra. La reducción más severa ocurrió en el sector de la construcción (-96%), seguido por las instituciones financieras (-91%), la manufactura (-85%), transporte y almacenamiento (-84,8%) y el comercio (-80.3%). Las actividades petroleras habían caído a sólo el 22,7% de lo que había sido en 2013. Como se recordará, 2020 fue el año en que culminó la pavorosa inflación que tanto empobreció a la gente.
Al liberar precios, legalizar el dólar y flexibilizar algunos controles, la economía rebotó. El BCV registra un incremento del PIB en más de un 40% entre 2020 y 2025, una tasa de crecimiento interanual del 9%; discutible. Aun así, su valor este último año no llegó al 35% de lo que había sido al comenzar la gestión de Maduro. Cabe señalar que esta recuperación se debió en gran medida a que la actividad petrolera aumentase en un 81% desde 2020, gracias a la licencia concedida por la OFAC a Chevron. Las actividades no petroleras, en conjunto, crecieron en menos del 30% en ese lapso. En particular, las financieras, de manufactura, construcción y de transporte registran incrementos aún menores. Permite calibrar cómo ha disminuido hoy el efecto de arrastre (multiplicador) de la industria petrolera sobre el resto de la economía debido a la destrucción de buena parte del sector conexo de industrias de la construcción, metalmecánicas, químicas, de transporte y de servicios especializados.
Al examinar la Balanza de Pagos, se observa una caída de las exportaciones petroleras del 78,5% desde 2013. Son registros en dólares corrientes y el precio del barril de petróleo promedió casi $100 ese año, mientras que para 2025 fue la mitad o menos, tomando en cuenta los descuentos para burlar las sanciones. En todo caso, se tiene la pauta de la reducción física en la producción petrolera mencionada arriba. Pero ahora, con la brutal caída de la economía doméstica, el excedente a exportar ha sido, en proporción, bastante mayor. Las importaciones, aunque se contrajeron en un 70%, llegaron a casi el 20% del PIB ese año, tanto por esa caída y por la falta de protección a la oferta doméstica.
Como hechos notorios, cabe señalar que las reservas internacionales, sin contar los $5 mil millones en DEGs retenidos por el FMI a Venezuela, disminuyeron cerca de un 70% desde inicios de 2013. Entre 2013 y 2020 se registra una salida mayor de $9 mil 300 millones por la cuenta financiera y de más de $7 mil millones en los cinco años siguientes, una fuga total de $16 mil 500 millones entre 2013 y 2025. Es una cifra dolorosa para un país tan necesitado de recursos. Claramente, recoge la ausencia de seguridad de sus instituciones, los desequilibrios macroeconómicos y la falta perceptible de garantías.
Para completar, algunos comentarios pertinentes:
Los responsables de la destrucción arriba registrada son los mismos que, hoy, ocupan el poder. Y la inflación y el encarecimiento del dólar en el primer trimestre de 2026 ya superan el 50%.
El sector petrolero, por sí solo, no es suficiente para recuperar la economía, aún con los mayores precios percibidos. Las gigantes petroleras, ExxonMobil y ConocoPhillips consideran insuficientes las reformas de la Ley de Hidrocarburos y las que ya están aquí no se comprometen con importantes inversiones nuevas. El Tesoro de EE.UU. controla los ingresos de exportación de nuestro crudo, pero no divulga cuánto es apartado para pagar deudas de PdVSA con firmas estadounidenses, cuánto ingresa al país, ni cómo se gasta. El interinato debe rendirles cuentas mensuales sobre este gasto en aras de evitar las corruptelas propias del chavismo, pero a los venezolanos no se les informa.
Sin instituciones sólidas, legítimas, coherentes y confiables, no tendremos acceso a los programas financieros del FMI. Ante tal ausencia, las inversiones se reducirán a aquellas que producen ganancias rápidas, de naturaleza especulativa. Y, con las leyes persecutorias actuales, un tsj que criminaliza la disidencia, y la permanencia de Diosdado Cabello, tampoco regresará el valioso talento de la diáspora.
Construir ese marco institucional robusto y diáfano, fundamento de los derechos y libertades de la República y condición para la recuperación de la nación, no se logra aprobando presurosamente y por mandato leyes que diputados de un parlamento ilegítimo ni siquiera han tenido tiempo de leer. Sólo con el rescate de la voluntad popular legítima podrá plasmarse la conformación idónea de cuerpos republicanos. La vía para ello son elecciones libres y confiables, bajo supervisión internacional, tanto para el poder legislativo, como para presidente, para asegurar que sus prerrogativas se asienten, de manera fiel, en esa voluntad popular. Como mínimo, implica cumplir con las siguientes condiciones:
1 Renovación del CNE. Elvis Amoroso cometió un delito grave contra el interés público;
2 La liberación completa de los presos políticos y la eliminación de toda restricción cautelar;
3 Transparencia en la gestión pública y desmantelamiento del terrorismo de Estado;
4 Garantías plenas para las actividades políticas, para los medios de comunicación y para los derechos ciudadanos, incluyendo a quienes tuvieron que migrar.
EE.UU. debe saber que, sin lo anterior, la estabilidad y la recuperación serán precarias. Esperemos que el regreso de María Corina Machado sea la constatación de haber alcanzado estas condiciones.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, h[email protected]