¿Invertiría una petrolera USD 12.000 millones a 20 años en un país donde la ley es «caprichosa»?
La declaración de Delcy Rodríguez, que es inconstitucional, poniendo arbritariamente el fin de la Ley de Amnistía es una bandera roja para las empresas.
Para el abogado de una petrolera, la estabilidad legal es un activo financiero. Si el Ejecutivo de Venezuela anula leyes de forma unilateral o vía un TSJ subordinado, el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) se rompe. El riesgo país deja de ser una cifra y se vuelve una amenaza real.
Las empresas analizan este comportamiento como un síntoma de:
1- Inexistencia de Cosa Juzgada (nada es definitivo).
2- Indefensión (el TSJ es brazo ejecutor, no árbitro).
3- Asimetría (el Estado puede romper el pacto cuando quiera).
Sin reglas claras, no hay inversión.
Nadie mete capital en activos fijos donde la propiedad depende del humor del gobernante. Por eso, las petroleras hoy prefieren esquemas de cobro de deuda o servicios rápidos. Buscan retorno inmediato porque el largo plazo es jurídicamente inexistente. No pasan de Opex a Capex, por mucho que el ministro de Energía de EEUU les ofrezca el paraíso.
La seguridad jurídica es indivisible. Los abogados de las ptroleras internacional (IOC) tienen memoria y aplican el «once bitten, twice shy«: tras las expropiaciones pasadas como Exxon y Conoco, cualquier «bejuco» legal los hace saltar.
Sin confianza institucional, no habrá capital de largo plazo.
La señal y el ruido de la arbitrariedad
Desde una perspectiva de análisis técnico y de seguridad jurídica, el cese abrupto o arbitrario de una Ley de Amnistía por parte del Ejecutivo o de figuras del poder público puede definirse como una ruptura de la señal de estabilidad institucional.
En la teoría de sistemas y el análisis de riesgo, este tipo de acciones transforman lo que debería ser una «regla clara» en puro «ruido político».
La Destrucción de la «Regla de Oro» (la señal de largo plazo)
Una amnistía, en términos de teoría de juegos, funciona como un mecanismo de cooperación. Al ponerle un fin arbitrario, la señal de «pacto» se extingue y se reemplaza por una señal de incertidumbre absoluta. Para un inversor o un actor político, esto significa que el valor de la ley en Venezuela tiende a cero, ya que no existe permanencia en el tiempo.
Desde el punto de vista del análisis de riesgo, un fin arbitrario a una medida de este tipo se define como un evento de cola (Tail Risk). Es un suceso que, aunque parezca poco probable bajo una lógica democrática estándar, tiene un impacto devastador en la confianza.
La señal a los mercados: El texto de la ley que prometía seguridad., pero terminó en ruido, la acción discrecional que anuló el texto.
En este caso, el ruido (la voluntad política momentánea) termina por devorar a la señal (el marco jurídico).
Arbitrariedad como ineficiencia de mercado
En economía institucional, cuando las reglas cambian sin previo aviso y sin seguir un proceso debido, se incrementan los costos de transacción. Si una amnistía puede ser revocada unilateralmente:
– Se incentiva el conflicto en lugar de la negociación.
– Se genera un «descuento» masivo sobre cualquier futura promesa estatal.
La credibilidad del Estado sufre una entropía, donde la información emitida por el poder central deja de ser útil para predecir el futuro.
Concluyendo, podríamos definir este acto como una interferencia deliberada en el canal de comunicación institucional. Al eliminar la amnistía de forma arbitraria, se está enviando un mensaje claro (señal) de que la discrecionalidad política está por encima de la arquitectura legal.
Y así lo entienden los inversionistas de todo el planeta.
X @morandavid