A las diez de la noche, la fila ya rodeaba parte de la manzana.
Por: Guillermina Leudesdorf | El Español
No empezaba exactamente en la puerta de la Asociación Rumiñahui, en el barrio de Ciudad Lineal, en Madrid. Arrancaba unos metros antes, sobre la esquina, porque arriba había departamentos y los vecinos dormían.
Entonces la gente se organizaba como podía, intentando no hacer demasiado ruido mientras preparaba una espera que iba a durar toda la noche y buena parte del día siguiente.
Cada uno llevaba lo indispensable: el pasaporte, una botella de agua, alguna manta y un cartón. Nada más.
El motivo de la cola era el nuevo proceso de regularización impulsado por el Gobierno nacional.
El Consejo de Ministros aprobó la reforma del Reglamento de Extranjería, una modificación que permitirá que cerca de 500.000 personas en situación administrativa irregular puedan acceder a permisos de residencia y trabajo.
El texto exige, entre otras cosas, no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Desde que entró en vigencia, asociaciones migrantes y ayuntamientos quedaron desbordados.
Las filas para conseguir un turno empezaron a multiplicarse en distintos puntos del país: hay personas que pasan noches enteras en la calle para obtener un certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que puede facilitar el trámite.
Ahí estaba Ale.
Venezolano, de 26 años, sentado contra una pared sobre un cartón fino y alargado que apenas lo aislaba del piso helado.
A su derecha había una colombiana. A su izquierda, una mujer marroquí que todavía seguía parada, abrazándose el cuerpo para soportar el frío.
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