Los apologistas del régimen iniciado en 1999, y especialmente su extinto caudillo, siempre destacaron -con su característica falta de sindéresis- que la Constitución que ellos promulgaron en diciembre de ese mismo año era “la mejor del mundo”, nada más y nada menos.
Esa afirmación no era cierta en modo alguno. La actual Constitución tiene fallas muy graves, sin referirnos al pecado original que la concibió en 1999, cuando la Corte Suprema de Justicia de entonces, en gesto oportunista e irresponsable, aprobó la convocatoria a una Asamblea Constituyente, sin que esa figura estuviera contemplada en la Constitución de 1961, vigente entonces. Pero aquellos magistrados complacientes o timoratos permitieron la Constituyente chavista inventando la figura de “la supraconstitucionalidad”, un concepto embaucador e inexistente por cuanto no puede existir algo por encima de la Constitución de un país, siendo esta, como se sabe, su ley suprema.
Hay otras taras en esa Constitución que invalidan la afirmación exagerada según la cual es “la mejor del mundo”: su carácter presidencialista y reeleccionista; su trampa centralista al eliminar el Senado de la República, columna vertebral del federalismo; y su tendencia militarista, que abrió una Caja de Pandora al permitir la deliberación militar; la eliminación del control legislativo en los ascensos de altos oficiales, colocándolo bajo la exclusiva potestad del presidente de la República; el derecho al voto a los integrantes de la Fuerza Armada en un país donde la custodia de los procesos electorales está asignada a la institución castrense; y la aprobación sibilina de esta última como fuerza de orden interno, tal vez la más grave. Y dejemos esto hasta aquí.
Me interesa, por ahora, mencionar el Título Tercero de la Constitución: “De los derechos humanos y garantías, y de los deberes”, tal vez uno de los más extensos (Artículo 19 al 135), y del que se regodeaban sus proyectistas si se lo comparaba con las Constituciones de otros países. Se vanagloriaban también de que nunca antes, en nuestro Derecho Constitucional, se habían logrado tantas conquistas y avances en materia de derechos humanos.
Por desgracia, en los 26 años siguientes a su promulgación, ellos mismos desconocieron aquellos avances de la Carta Magna y los convirtieron en letra muerta, a causa de las violaciones sistemáticas de casi todos sus artículos, en lo que calificamos -en anterior ocasión- como “la pulsión inconstitucional” de actual régimen.
Y esta semana pasada el chavomadurismo y el rodrigato han reiterado tal contumacia con un hecho atroz y criminal contra los derechos humanos, como lo es confirmación de la muerte en la cárcel, y por tanto, bajo custodia del Estado, del ciudadano venezolano Víctor Hugo Quero Navas, luego de meses de ocultamiento y de burla a su señora madre, Carmen Navas, de 82 años, a quien engañaron permanentemente comunicándole que su hijo preso se encontraba bien, pero negándole la prueba de vida que ella siempre les exigió.
Por si fuera poco, colectivos del régimen acosaron a la señora Navas sin importarles su avanzada edad y hasta la amenazaron si seguía su incansable peregrinaje por las cárceles en busca de información sobre su hijo preso. Incluso, con una ironía también criminal, un juez le negó a Quero Navas el beneficio de la mal llamada Ley de Amnistía, aunque ya estaba muerto.
Quero Navas, por cierto, no era un terrorista, ni un traidor a la Patria, ni un incitador del odio, como rezan siempre los “delitos” que el régimen le atribuye a cualquiera que disienta y caiga en las garras de sus represores. Era, simplemente, un venezolano trabajador, un buhonero que se ganaba la vida en ese oficio, alguien que, desgraciadamente, fue detenido en mala hora por esbirros del régimen. Pero su caso, por supuesto, no es único: son miles de compatriotas a quienes han asesinado, torturado, secuestrado o desaparecido en todos estos años, sin que sus familiares puedan saber dónde están o cómo se encuentran.
Esa vileza desdice de la Constitución que, en su momento, aprobaron con la pompa del caso quienes hoy la violan alevosamente. Por desgracia, estos crímenes se vienen multiplicando. Organizaciones defensoras de los derechos humanos contabilizan documentalmente 27 presos políticos fallecidos en la cárcel, al menos desde 2014. Entre esas víctimas mortales figura, por cierto, el general Raúl Isaías Baduel, amigo íntimo de Chávez Frías, y luego su ministro de la Defensa, preso más tarde por órdenes suyas, a pesar de haber hecho posible el retorno de aquél tras los eventos del 11 y 12 de abril de 2002, cuando renunció a la Presidencia ante una protesta multitudinaria en Caracas, con trágico saldo de numerosos muertos y heridos. Todos estos crímenes forman parte de un “esquema sistemático”, según lo ha denunciado el Foro Penal y lo han documentado informes de la Naciones Unidas.
Tales estas prácticas brutales, injustas y desnaturalizadas, propias de todo régimen violatorio de los derechos humanos, se producen porque quienes gobiernan dictatorialmente siempre creen que la Constitución es su escudo y su arma contra los adversarios. La verdad verdadera es que la Constitución constituye el escudo y el arma de los ciudadanos contra los abusos del Estado, aquí y en cualquier parte.
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