La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la muerte de un preso en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón, y acusó al régimen chavista de violar el derecho a la vida de las personas bajo su custodia.
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La nueva víctima fue identificada como Gregorio Antonio Arias, cuyo fallecimiento se sumó a una creciente lista de reclusos muertos en cárceles y centros de detención del país en las últimas semanas. Según la organización, ya son 16 las personas privadas de libertad fallecidas entre abril y la primera quincena de mayo de 2026.
“Su muerte se suma a una lista que crece entre abandono médico, hacinamiento, violencia, opacidad institucional y ausencia de garantías mínimas para la vida”, expresó el observatorio en una publicación difundida en su cuenta de X.
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El OVP señaló que, además del caso de Arias, ha documentado recientemente las muertes de presos en cárceles como Rodeo III, Rodeo IV, Uribana, Tocuyito, Fénix Lara y el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, así como en calabozos policiales del país.
La organización también recordó las cinco muertes registradas en el penal de Yare III, hecho que chavismo calificó como un presunto “motín”, aunque familiares denunciaron que varios de los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego.
El observatorio sostuvo que el régimen chavista incumple el artículo 43 de la Constitución, el cual establece que “el derecho a la vida es inviolable” y “obliga a las autoridades a garantizar la integridad de las personas privadas de libertad”.
“Todo esto ocurre mientras el Estado venezolano viola flagrantemente el artículo 43 de la Constitución (…) lo que cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales”, afirmó.
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La ONG denunció además que muchas de las personas fallecidas enfermaron sin recibir atención médica adecuada y que las familias de los presos son obligadas a costear medicamentos, alimentos e insumos básicos ante las precarias condiciones carcelarias.
“La crisis penitenciaria venezolana ya no puede medirse solo por el número de centros colapsados, sino por la cantidad de cuerpos que siguen saliendo de ellos”, advirtió el OVP, que exigió una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre cada una de las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
La ONG aseguró que continúa documentando estos casos y presentándolos ante instancias internacionales de protección de derechos humanos.
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