Alex Saab llegó el sábado por la noche al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, deportado esta vez por el propio régimen de Venezuela a Estados Unidos. El empresario venezolano, nacido colombiano, aliado estrecho durante años de Nicolás Maduro y señalado por Washington como su presunto testaferro, aterrizó escoltado por agentes federales de la DEA, la agencia antidroga norteamericana. Venía de Caracas, donde había sido trasladado bajo custodia desde El Helicoide hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, antes de embarcar en un jet Gulfstream con matrícula estadounidense rumbo a Miami.
Por David Alandete |ABC
Es la insólita segunda entrega de Saab a la justicia estadounidense. Pero esta vez no llegó desde un tercer país, como ocurrió tras su detención en Cabo Verde en 2020, sino enviado por el mismo poder venezolano que durante años lo convirtió en símbolo de resistencia frente a Washington. El régimen anunció la medida con una fórmula calculada: «La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional».
El comunicado lo llamó «ciudadano colombiano», aunque Venezuela había presentado ante la Justicia de Estados Unidos al menos dos pasaportes venezolanos de Saab y lo había defendido como diplomático propio. Saab no fue solo un contratista protegido por el chavismo. Llegó a ser ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024, después de regresar a Venezuela tras el indulto de Joe Biden, y solo fue destituido por Delcy Rodríguez ya bajo el nuevo poder en Caracas, tutelado desde la Casa Blanca.
Literalmente, el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: «La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas». El régimen, pues, decidió interpretar que sus dos pasaportes venezolanos no eran válidos, sin explicar más.
El nuevo caso que puede esperar a Saab en Miami no sería el mismo que Biden cerró con el indulto de 2023. Aquel perdón estaba limitado a la imputación de Florida de 2019, contra el propio Saab y su socio Álvaro Pulido, por el contrato de viviendas sociales, las supuestas mordidas a funcionarios venezolanos, las facturas falsas y el blanqueo de unos 350 millones de dólares a través del sistema cambiario de CADIVI. Ese juicio nunca llegó a celebrarse. Saab fue extraditado desde Cabo Verde, estuvo preso en Estados Unidos y la Fiscalía se quedó sin llevar a veredicto y sentencia un caso colosal que le había ocupado largos años.
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