La exjueza venezolana María Lourdes Afiuni reaccionó la tarde de este martes 19 de mayo, al anuncio del jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, sobre una eventual liberación de al menos 300 presos políticos en Venezuela.
Por: lapatilla.com
A través de un breve mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Afiuni lanzó una interrogante que rápidamente generó reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre los casos emblemáticos de persecución política y judicial en el país.
“Los que tenemos la pena cumplida 3 veces y un poquito más?”, escribió la exmagistrada.
El comentario de Afiuni ocurrió horas después de que Jorge Rodríguez asegurara que el régimen chavista prevé excarcelar esta misma semana a cientos de presos políticos, incluidos los exfuncionarios de la Policía Metropolitana detenidos desde los hechos de abril de 2002.
El caso de María Lourdes Afiuni ha sido considerado durante años uno de los expedientes más representativos de la crisis del sistema judicial venezolano y de la falta de independencia de poderes bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
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Afiuni, quien fue presidenta del Tribunal 31 de Control de Caracas durante ocho años, fue detenida arbitrariamente el 17 de diciembre de 2009, luego de ordenar la liberación bajo medidas cautelares del banquero Eligio Cedeño, acatando una recomendación emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
Pocos días antes, Chávez había exigido públicamente una condena ejemplar contra la jueza. “¡30 años de prisión!”, pidió el entonces mandatario en cadena nacional, al acusarla de supuestamente favorecer la fuga de Cedeño.
La exjueza fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques, donde permaneció encarcelada hasta febrero de 2011, cuando recibió arresto domiciliario por razones de salud. Finalmente obtuvo libertad condicional el 14 de junio de 2013, aunque continuó sometida a proceso judicial.
En marzo de 2019, Afiuni fue nuevamente condenada a cinco años de prisión por el presunto delito de “corrupción espiritual”, una figura ampliamente cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos al no estar tipificada claramente dentro de la legislación venezolana.
La exjueza ha denunciado reiteradamente haber sido víctima de violaciones de derechos humanos durante su encarcelamiento, incluyendo agresiones físicas, abuso sexual y torturas. Según su testimonio judicial, sufrió una violación mientras permanecía detenida y posteriormente perdió un embarazo, además de enfrentar graves complicaciones médicas.
Su abogado, José Amalio Graterol, ha calificado el proceso como una condena sin fundamentos jurídicos y una represalia política.
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