Se cumplen más de cinco años desde que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ejecutase el rescate de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra por 53 millones de euros. Este martes 19 de mayo el caso Plus Ultra ha dado un nuevo paso y ha apuntado directamente a José Luis Rodríguez Zapatero; la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente por tres delitos por su presunta vinculación en un caso de blanqueo ligado al rescate de la compañía de aviones.
Por abc.es
El 9 de marzo de 2021, el Consejo De Ministros aprobó rescatar con 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La empresa tenía mayoritariamente capital venezolano y operaba con apenas un avión. El Gobierno de Pedro Sánchez la declaró empresa «estratégica» para justificar el rescate durante la pandemia del Covid-19. Semanas después, el 8 de abril, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias tras una denuncia de Manos Limpias por presunta malversación. Comenzaba así una causa judicial que, cinco años más tarde, terminaría salpicando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras en Madrid comenzaban las primeras pesquisas acerca de las condiciones del rescate, en Suiza, el 1 de octubre de 2021, la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales helvética alertó de movimientos bancarios vinculados a fondos venezolanos por 2,7 millones de euros. Cinco días después, la Fiscalía de Ginebra abrió una investigación formal por blanqueo a gran escala. En Madrid, la investigación se encalló por un error formal de la juez Esperanza Collazos. El 25 de mayo de 2022, imputó a Plus Ultra fuera de plazo legal. La aerolínea recurrió y ganó. La causa quedó archivada el 8 de enero de 2023.
En 2024, la Fiscalía Anticorrupción presenta una denuncia tras recibir solicitudes de cooperación judicial internacional procedentes de Francia y Suiza, que identificaron un entramado de sociedades pantalla. Las investigaciones externas apuntaban a una presunta red de blanqueo de capitales con ramificaciones en varios países europeos y origen en fondos procedentes de Venezuela.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción relataba en su escrito cómo el dinero público del rescate se había utilizado en realidad para devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela. Según avanzó este periódico, el ministerio público había llegado a la conclusión de que se hizo un «uso indebido» de la ayuda del Gobierno lo que constituía un «indicio de una defraudación al Estado».
La principal ramificación apunta directamente a varios empresarios latinoamericanos ligados al chavismo. El plan para blanquear el dinero ilegal pasaba por Plus Ultra a través de préstamos privados. Uno de los primeros movimientos que hizo la aerolínea al recibir el rescate fue devolver uno de los préstamos a la empresa de los hermanos Baca. El dinero público sirvió, presuntamente, para limpiar el ilegal.
Los hermanos Luis Felipe Baca Arburu y Enrique Martín Baca Arburu, junto a Kristhian Alegre Walter, son los principales investigados del blanqueo de dinero relacionado con Venezuela. Crearon empresas en España para tejer una red de entidades con el objetivo de movilizar dinero y han sido investigados en Suiza y Francia. Luis Felipe fue arrestado y extraditado a España desde la isla caribeña de Aruba. Fue puesto en libertad tras su declaración. Su hermano se puso a disposición de la Justicia española para evitar ser arrestado.
Alegre Walter fue administrador único de las empresas controladas por ambos hermanos. Son considerados piezas clave de la trama latinoamericana. A estos se suma Danilo Alfonso Diazgranados, bróker vinculado al chavismo que actuó como nexo financiero del dinero ilícito de Venezuela. También se investiga a Gabriela Puente Garaboa, asistente personal de los hermanos.
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