A las 7.45 horas de este martes 19 de mayo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió la notificación de su imputación firmada por el titular del juzgado número dos de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Estaba en su domicilio de Las Rozas en Madrid, preparado para emprender un nuevo viaje a Venezuela, cuando la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le obligó a suspender el vuelo previsto a Caracas, como revelan a THE OBJECTIVE fuentes de su entorno. El vuelo frustrado tenía por objetivo acudir a Venezuela para participar en las reuniones para la transición política en el país, a las que había sido invitado por Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
Por Ketty Garat / theobjective.com
La operación de la UDEF dejó «en shock» al expresidente del Gobierno, que comunicó a sus cercanos que «es falso que haya incurrido en un delito de blanqueo de capitales» al que apuntaron algunos medios de comunicación, pese a que no es uno de los tres delitos (organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental) que le imputa el juez Calama de la Audiencia Nacional.
Según las mencionadas fuentes, en la citación del auto ya se informaba del registro de su despacho en el número 35 de la calle Ferraz, donde el expresidente tiene un despacho frente a la sede del partido socialista. Allí se encontraba solo la persona que le hace labores de secretaria y administración, pero en ningún momento Zapatero estuvo en el despacho, como se especuló en algunos medios de comunicación.
La UDEF registró también la empresa Whathefav, la agencia de comunicación de las hijas del expresidente, ubicada en la calle San Germán, 12, así como algunas de las empresas que figuraban en la cartera de clientes de ésta, como Inteligencia Prospectiva S.L., una empresa con sede en el madrileño Paseo de La Habana 187, propiedad de la familia Amaro Chacón, empresarios venezolanos del sector de los seguros que han sido investigados en Francia y Suiza por sus presuntos lazos con la petrolera estatal PDVSA.
Tal y como publicó este periódico, Inteligencia Prospectiva encargó varias acciones de comunicación a las hijas de Zapatero, Laura y Alba, como la creación en 2021 de una página web —traducida al chino— y un vídeo corporativo por el que habrían cobrado una cantidad aún no determinada.
El auto del petróleo
En el transcurso de los registros, THE OBJECTIVE adelantó la intención de Zapatero de grabar un vídeo desde su domicilio en Las Rozas para desmentir su implicación en la trama investigada. Allí permaneció toda la mañana, donde filmó y publicó su valoración de su imputación a última hora de la mañana. En el documento audiovisual, Zapatero negó los hechos: «Quiero reafirmar que jamás he realizado ninguna gestión con ninguna administración pública para el rescate de Plus Ultra».
A media tarde, se dieron a conocer las 85 páginas del auto de la causa «embrionaria» que sitúa a Zapatero como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas, principalmente en favor de Plus Ultra.
El magistrado José Luis Calama detalla la «intervención directa» del expresidente en operaciones internacionales de alto valor económico relativas a productos petrolíferos, oro, compraventa de acciones o divisas, y atribuye al exmandatario y su entorno el cobro de cerca de dos millones de euros (alrededor de 1,95 millones según algunos desgloses) entre 2020 y 2025, con transferencias a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones de préstamos.
El auto, que levanta el secreto de las actuaciones, destaca la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), que facilitó información del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exsocio venezolano de la aerolínea.
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